La Paz, Baja California Sur.- México y Estados Unidos comparten tres grandes cuerpos de agua superficial: los ríos Bravo, Tijuana y Colorado. Desde 1944, ambos países se rigen por el Tratado de Aguas, un acuerdo binacional diseñado para distribuir de manera equitativa los recursos hídricos fronterizos. Sin embargo, más de ocho décadas después de su firma, el cumplimiento del tratado enfrenta uno de sus momentos más complejos.

Aunque el tratado establece que la entrega de agua del río Bravo se realiza por ciclos de cinco años, las presiones geopolíticas han escalado. México entregó 249 millones de metros cúbicos de los 986 que debe tras una amenaza del presidente Donald Trump que fijó como fecha límite el 30 de enero para cubrir dicho volumen, aun cuando el propio tratado permite cubrir los volúmenes durante el quinquenio en curso.

Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra negociando con el gobierno estadounidense y con los gobernadores del norte de México, un plan que le permita cumplir con los compromisos internacionales sin afectar el suministro a las ciudades ni a las actividades económicas.

Se trata de un escenario marcado por la sequía, el cambio climático y el crecimiento de la demanda de agua que ya puso a México en serias dificultades en el último ciclo quinquenal, 2020-2025, que cerró el 24 de octubre.

Un tratado pensado para otro tiempo

Cuando se firmó el Tratado de Aguas, hace 82 años, la realidad hídrica de la región era muy distinta. La actividad agrícola era intensa, la población menor y el problema central era cómo manejar los excedentes de agua.

“La actividad agrícola era muy grande y la demanda de agua por la población era muy baja. En aquel tiempo, se administraba el excedente de agua, sin embargo, desde hace 25 años lo que se administra es el déficit de esta”, explica Alfonso Cortez, profesor investigador titular en El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y director de la Unidad Mexicali.

En aquel entonces, los volúmenes asignados se basaban en los promedios históricos de los flujos de los ríos, así como en las poblaciones y actividades productivas existentes. Hoy, ese equilibrio se ha modificado de forma sustancial.

“Se ha reducido la actividad agrícola, principalmente, del lado mexicano. Y por otra parte el uso público urbano y doméstico del agua ha crecido, y esa demanda viene incluso de ciudades que están fuera de las áreas de las cuencas”, señala Cortez. Por ejemplo, menciona que San Diego, Tijuana y Rosarito dependen en gran medida del agua del río Colorado, a pesar de estar fuera de su cuenca.

A esto se suma el impacto del cambio climático. En las últimas décadas, las condiciones que alimentan los grandes sistemas hídricos de la región se han alterado de forma drástica.

“Definitivamente, las condiciones han cambiado. En los últimos 25 años, las temperaturas no han sido suficientemente bajas en las cabeceras de la cuenca del río Colorado para que la nieve se acumule y derrita eficientemente, lo que ha disminuido la cantidad de agua que fluye por el río y llega a las presas”, explica Roberto Alejandro Real Rangel, hidrólogo para el Delta del Río Colorado en The Nature Conservancy (TNC).

·         La sequía prolongada

Uno de los factores más determinantes de la reducción de recursos hídricos es la sequía que afecta al norte de México y al sur de Estados Unidos desde finales de la década de los noventa.

“Otro cambio significativo observable ha sido la sequía prolongada, hablamos de una mega sequía”, señala Cortez. Este fenómeno se caracteriza por períodos más largos, frecuentes e intensos de escasez, que obligan a replantear la forma en que se gestionan los recursos hídricos.

Real detalla que, aunque los mapas de sequía de corto plazo —como los del último trimestre de 2025— no siempre muestran condiciones extremas, el análisis de periodos prolongados revela un panorama más crítico. Al observar estadísticas acumuladas de 24 meses, se identifican impactos severos, especialmente en la cuenca que alimenta al río Bravo.

La falta de lluvias y el aumento de temperaturas provocan abatimiento de acuíferos, reducción de flujos en ríos y disminución de niveles en lagos y lagunas.

“Con base en esa información que está disponible públicamente, podemos ver que hay condiciones de déficit de agua, es decir, de una sequía prolongada, severa”, añade Real, quien subraya que el aumento de la evaporación complica aún más el cumplimiento del tratado.

El déficit hídrico afecta a la agricultura y a la industria, pero Real señala que también tiene consecuencias ambientales significativas. En el río Colorado, por ejemplo, el déficit se administra mediante recortes proporcionales en las entregas, lo que impacta directamente los volúmenes destinados al medio ambiente, un usuario del agua.

·         Crisis previas y mecanismos de solución

La actual disputa no es la primera crisis que enfrenta el Tratado de Aguas. En el pasado, conflictos similares han derivado en soluciones negociadas.

“Ha habido otras crisis anteriores por la falta de cumplimiento o por no cumplir de manera puntual”, recuerda Edgar Carrera, coordinador de proyectos en el Delta del Río Colorado para TNC, quien menciona el problema de la salinidad en el río Colorado como un antecedente clave en la década de los 70’s.

Ese conflicto dio lugar a la minuta 242, titulada Solución permanente y definitiva al problema de la salinidad en el río Colorado, a través de la cual se establecieron estándares de salinidad y mecanismos de compensación y manejo del agua que dieron pie a la inversión de infraestructura y tecnología para desviar las aguas salinas. Este es un ejemplo de cómo el tratado cuenta con mecanismos para adaptarse, según Carrera.

Cortez también rememora el episodio del año 2000, durante los gobiernos de Vicente Fox y George W. Bush, cuando México no logró cumplir con el pago completo del quinquenio. La solución llegó mediante tres actas del tratado y un financiamiento de 80 millones de dólares para infraestructura hidroagrícola en Chihuahua.

Desde estos antecedentes, para los especialistas la discusión no pasa necesariamente por reemplazar el Tratado de Aguas, sino por utilizar y fortalecer sus mecanismos de adaptación.

“Es un documento de hace como 80 años, pero cuenta con herramientas que permiten actualizarlo y ajustarlo a las condiciones actuales”, señala Real, quien destaca el papel de las minutas como enmiendas que permiten atender casos específicos.

Cortez coincide en que cambiar el tratado sería riesgoso para México. “Más vale mantener ese tratado y trabajar mucho mejor técnica y diplomáticamente las actas del tratado”, afirma, recordando que existen más de 300 actas que han permitido ajustes a lo largo del tiempo.

Para el investigador, un elemento clave es ampliar la participación en las negociaciones, incorporando a actores locales, académicos, sociales y gubernamentales. “La crisis del agua es en mucho una crisis de gestión del agua”, concluye. Aun frente a la sequía, señala, la demanda puede modificarse con una gestión más inteligente y equitativa del recurso.

·         Últimas actualizaciones

Para saldar la deuda de agua, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que se contempla entregar agua desde Chihuahua y Nuevo León, así como desde Tamaulipas y Coahuila. Según Cortez, esta estrategia aprovecha las diferencias hidrológicas dentro del norte del país y la conectividad natural de los ríos y afluentes hacia la frontera.

“Aún queda un adeudo de aproximadamente de 730 millones de metros cúbicos del pasado ciclo (2020-2025) y hay que estar pagando eso junto con el presente (que culmina en octubre de 2030)”, advierte Cortez. El mayor reto, subraya, es iniciar el siguiente quinquenio sin deuda (2030-2035), algo que será difícil sin cambios profundos en los patrones de consumo.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media.