Inicio esta columna comentando a Usted; todos los mexicanos demandan vivir bajo el imperio de la Ley. Las mexicanas y los mexicanos actualmente requieren sentirse seguros no solo en sus familias y patrimonios, sino en su relación con los demás y con la autoridad sea Federal, Estatal y Municipal, reconocen que nuestro País necesita una nueva cultura cívica de respeto a la Ley de certidumbre, de reconciliación y de confianza en la comunidad en que vive. En este sentido, una verdades reforma en el ámbito de la justicia y la seguridad, considero que deberá partir de una voluntad política que asegure la autonomía de la procuración de justicia frente al poder ejecutivo y que acelere la modernización del Poder Judicial a todos los niveles, es urgente arraigar la idea y la práctica, en la cultura ciudadana y en las instituciones públicas, de que el único referente estable en una democracia es la igualdad de derechos y obligaciones ante la vieja aspiración del liberalismo mexicano; “Crear un País de Leyes”.

Ahora bien; si hay algo fundamental para el desarrollo de la vida comunitaria es la Ley o sea nuestra constitución, porque solo a partir de su plena vigencia, como expresión y salvaguarda de los intereses generales, es factible la existencia de la libertad y la justicia. Por lo anterior, es imprescindible que se trabaje en los ámbitos Internacional, Regional, y Local a favor de un orden judicial imparcial y justo, que permita al ciudadano acceso a los órganos de justicia en condiciones mínimas de igualdad, y contribuya a la formación de una cultura de la legalidad y a la consolidación de un estado democrático de Derecho. Hoy los gobiernos actuales necesariamente deben de actuar en forma más rápida para garantizar a nuestros ciudadanos que somos una sociedad de leyes, con procesos legales y administrativos transparentes, en la cual todos los mexicanos se encuentren protegidos con instituciones en la aplicación de la justicia, mucho más modernas que den cabal respuesta a sus derechos fundamentales, así mismo un aparato judicial menos complejo, más accesible a los ciudadanos y sobre todo, más eficiente y transparente.

Concluyo: en la medida en que el Estado garantice mayores mecanismos de competencia, rendición de cuentas y escrutinio público, podrán evitarse la corrupción, l apropiación privada de bienes públicos y la impunidad.