La Paz, Baja California Sur.– Voceros del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) denunciaron que, aunque dejaron de registrarse vuelos en helicóptero en la Sierra La Laguna, persisten sobrevuelos de avionetas a baja altura que generan riesgos ambientales en el Área Natural Protegida.

Juan Ángel Trasviña Aguilar, Marypaz Gálvez Ballesteros e Irina Trasviña recordaron que la denuncia inicial documentó el aterrizaje de un helicóptero autorizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

“Efectivamente ya no se ha visto el helicóptero, pero ahora se reporta que avionetas sobrevuelan la zona varias veces al día”, expusieron.

Explicaron que el impacto ambiental es severo: en el caso de helicópteros, el ruido alcanza hasta 90 decibeles y las corrientes descendentes de aire pueden compararse con vientos de huracán categoría 1, lo que afecta directamente a las aves de la zona AICA (Área de Importancia para la Conservación de Aves) al destruir nidos o provocar abandono de crías.

Los voceros insistieron en que el permiso de la Conanp es genérico, sin fechas, duración ni zonas específicas, y exigieron que el director regional Benito Bermúdez lo anule.

También pidieron información a las autoridades aeronáuticas sobre los vuelos de helicóptero y avionetas registrados en la Sierra.

“Lo que está en discusión es la opacidad de las autoridades. Nos dicen que ya no habrá helicópteros, pero ahora aparecen avionetas a baja altura. La pregunta es: ¿de qué nos vamos a enterar mañana?”, plantearon los representantes del Frente.

Durante la conferencia de prensa, se recordó que el entonces candidato Víctor Manuel Castro firmó un compromiso en campaña para reconstruir la pared de la antigua laguna en la Sierra, con el fin de incrementar la recarga de acuíferos.

Según los voceros, ese acuerdo no se ha cumplido y resulta fundamental para el abasto de agua en La Paz y Los Cabos.

También se denunció que las concesiones mineras en la Sierra La Laguna siguen vigentes, pese a promesas de cancelación.

Los voceros responsabilizaron a las autoridades federales y locales de permitir, incluso en el Programa de Desarrollo Urbano y Centro de Población (PDUCP) de La Paz, la autorización de minería a nivel industrial.

Rosario Guadalupe López, ranchera de San Dionisio, señaló que las comunidades dentro del área natural protegida no reciben apoyo real del gobierno estatal ni municipal y advirtió que “la sierra es el tinaco de agua” que abastece a la población.

Los colectivos criticaron además la complicidad del Partido Verde Ecologista de México con intereses inmobiliarios y mineros, lanzando la consigna: “Ni un voto al verde”.

También plantearon alternativas a las desalinizadoras costosas y contaminantes, como reparar las redes de agua de La Paz que pierden más del 50% del recurso, construir gaviones y presas, y reciclar aguas residuales en hoteles y desarrollos.

La conferencia cerró con un llamado a la organización social bajo la consigna: “Ni un paso atrás. Baja California Sur libre de minería tóxica y proyectos inmobiliarios depredadores”.