La Paz, Baja California Sur.– Integrantes de la Comunidad de Acción y Aprendizaje en Planeamiento Territorial y organizaciones locales exigieron públicamente frenar la construcción de un proyecto inmobiliario en las dunas de San Sebastián, en Todos Santos, pese a estar protegidas.

Ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y dijeron que es necesario demoler obras irregulares y sanciones ejemplares, además de una mesa de trabajo con autoridades ambientales.

Carlos Mancilla, representante de BCSicletos, subrayó que Baja California Sur concentra el 27.4% de las dunas costeras de México y que su función como escudos naturales contra huracanes, refugio de especies y filtros de agua de lluvia es vital.

“La protección de las dunas costeras debe ser prioridad articulada entre los tres niveles de gobierno y comunidades locales”, expresó en conferencia de prensa.

Señaló como principales amenazas los permisos de construcción y el tráfico de vehículos motorizados, actividades que, dijo, responden a un modelo de “turismo extractivo que erosiona el patrimonio natural y social”.

Diego Ramírez, integrante de Proteger Todos Santos, detalló que desde junio de 2025 comenzaron los desmontes y nivelaciones en las dunas de San Sebastián, acompañados de una plancha de concreto para instalaciones turísticas.

“Pese a inspecciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat], Profepa y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu], los trabajos continúan. Hemos presentado al menos cinco denuncias ciudadanas y hasta confrontados camiones de volteo”, denunció Ramírez.

Acusó que el propietario fracciona el proyecto haciéndolo pasar como vivienda unifamiliar para evadir la manifestación de impacto ambiental, además de alegar permisos de Semarnat de 2005 que aseguran, “son inválidos”.

Exigió a Profepa medidas de seguridad inmediatas y advirtió que las dunas de Todos Santos hasta Las Playitas deben permanecer libres de construcción.

Durante la conferencia, John Moreno Rutowski, activista y abogado ambiental, respondió a la pregunta de Diario El Independiente sobre la actuación de autoridades municipales y estatales, recordando que los promoventes fragmentan proyectos para ocultar impactos acumulativos.

“Se ostentan como viviendas unifamiliares, pero se trata de una empresa con fines comerciales. Por ley, esas actividades requieren evaluación de impacto ambiental. Lo evidente contradice la letra de la ley. Si está prohibido, ¿por qué seguimos viendo permisos y construcciones?”, cuestionó.

Informó que esta semana sostendrán una reunión con la encargada del despacho de Profepa en Baja California Sur, Berenice Ramírez Cruz para exigir acciones más enérgicas.

Mancilla complementó que no se trata de “conservacionismo puro”, sino de reconocer la función social de las dunas y detener su devastación ante la presión inmobiliaria y el impacto del tránsito de vehículos 4x4.

Reiteró la petición del colectivo de instalar una mesa permanente coordinada por Semarnat con la participación de comunidades, academia y sociedad civil.

Los colectivos advirtieron que las multas actuales son bajas y fácilmente absorbidas por empresarios, por lo que exigieron medidas ejemplares como demoliciones de obras ilegales. “Cada duna perdida es una pérdida para todos”, concluyeron.