Le asiste la razón al prestigiado abogado Arturo Rubio Ruiz, cuando al referirse a los exalcaldes y exalcaldesas de Baja California Sur, afirma que nunca se ha castigado a nadie por peculado.

Lo anterior, muy a pesar de que en boca de todos los pueblos han estado siempre las expresiones del abuso, el dispendio, el derroche, durante el tiempo que estos políticos y políticas han estado al frente de las administraciones. Incluso en la mayoría de las veces, las expresiones han subido de tono al dejar el cargo.

Sin embargo, --ya después de que abandonan el cargo--  por encima de todo y lamentablemente ha persistido el compadrazgo, el amiguismo,  el encubrimiento. Tal vez para evitar que todos sean castigados; ya que, se afirma que todos y todas, de alguna o de otra manera han desviado recursos públicos.

Por tanto, todos y todas quienes han estado al frente de las administraciones municipales, se han convertido en simples “tapaderas”.

Y es que, siendo honestos, solamente en una ocasión se hizo justicia al respecto. Y esa vez, como era de esperarse, el hilo se rompió por la parte más delgada. Luego entonces, el chivo expiatorio fue el empresario Francisco Monroy al ser encarcelado por el presunto delito de peculado y desvío de recursos públicos.

Lo curioso fue que para todo el pueblo de La paz, Francisco Monroy era considerado el más inocente. Pero tuvo los arrestos suficientes para soportar y guardar, --hasta la fecha--, un absoluto silencio. Es decir, un absoluto silencio político.

En esa ocasión a Francisco Monroy le toco la mala suerte de haber sido elegido como Suplente. Y a Esthela Ponce Beltrán, la buena suerte de haber sido Propietaria.  

Sin embargo, para todos los pueblos. Y hago referencia al pueblo de Mulegé, de Loreto, de Comondú, de Los Cabos y La Paz, para todos, es un hecho de que sus exalcaldes y exalcaldesas, no han sido unos hermanitos o hermanitas de la caridad.

Con decirles, que desde hace ya algunos años de hablaba de más de 224 mil millones de pesos desviados entre todos y todas quienes habían administrado los ayuntamientos de Baja California Sur, lo que nos deja en claro que –al igual que la Pandemia—, la cifra a ha aumentado considerablemente.

De hecho, es un secreto a voces que por la participación de prestanombres y por presuntos malos manejos de los recursos públicos han sido señalados muchos exalcaldes y exalcaldesas de los cuatro puntos cardinales de Baja California Sur.

Por ejemplo, de Mulegé se habló en su momento de José Manuel Murillo Peralta y de Guillermo Santillán; de Loreto se habló de Juan Yee Cunningham; de Comondú se habló de Joel Villegas Ibarra; en Los Cabos se habló de René Núñez, Mirna Xibillé de la Puente, de Arturo de la Rosa, y de José Antonio Agundez.

En La Paz se habló de Esthela Ponce Beltrán, de Armando Martínez Vega, de Rosa Delia Cota, con posibilidades de ser denunciados penalmente por irregularidades encontradas en sus administraciones relacionadas al dinero público.

Lo peor de todo lo anterior, es que muchos de ellos y ellas ya sueñan con la gubernatura del estado, desde donde, --por supuesto--, y como siempre sucede, tendrá que venir un “borrón y cuenta nueva”.

Sin embargo, lo único positivo es que muy a pesar de todo lo que se diga hasta el momento el futuro de los exalcaldes y exalcaldesas  parece incierto en los senderos de la política. E incluso habría que afirmar que si realmente los “santurrones” de la Cuatro Te, así lo desean, sin lugar a dudas que muchos de los exalcaldes y exalcaldesas podrían enfrentar serios problemas para demostrar que no existieron irregularidades durante sus respectivas gestiones.

Sin embargo, de que ha habido irregularidades y de que han existido violaciones a la ley, eso está muy claro, a menos de que aquellas y aquellas que manejaron los recursos demuestren lo contrario a través de las instancias legales.

Lo malo es que tanto los expresidentes como las expresidentas municipales jamás han tomado en cuenta lo más importante: que el dinero público municipal es dinero sagrado, porque es del pueblo.

También es algo que jamás han tomado en cuenta todos quienes han fungido como diputados y diputadas.

¿Por qué?

Porque es a ellas y a ellos, y justamente desde el Congreso del Estado a quienes les ha correspondido demostrar los abusos y malos manejos de las administraciones Municipales.

Pero no lo han hecho.

Y no lo han hecho porque les importa poco el pueblo. No lo han hecho porque el importamadrismo ha anidado siempre bajo la gran cúpula donde las diputadas y los diputados ocultan su dieta y practican el ocio.

No lo han hecho porque de frente a las irregularidades cometidas por exalcaldes y exalcaldesas han preferido también actuar como “tapaderas”.

En fin, ya es hora de que todas y todos esos representantes populares de una vez por todas vuelvan su vista hacia abajo y observen a un pueblo agonizante. A un pueblo agonizante  ya no tanto por el Coronavirus, pero si por la falta de respuesta de sus autoridades,  por la falta de trabajo,  y  por el hambre.

Basta pues de tanto disimulo y falsedad, y ahora sí entreguen al pueblo lo que realmente merece: justicia. Luego entonces, ya basta de tanto encubrimiento y tanta tapadera.

Cuestión de tiempo