El  problema del transporte en toda Baja California Sur -por los siglos de los siglos- ha sido una constante. Donde -por irresponsabilidad de gobernantes y dejadez de legisladores- ha permeado un terrible vacío y ha tenido su eterna movilidad dentro de un círculo vicioso.

Un problema pues, que ha sido visto desde los gobiernos estatales como un terrible monstruo sin cabeza. Difícil de combatir. Que ha transitado por senderos inciertos y nebulosos;  lo cual ha facilitado que  permanezca incrustado siempre en un status de anarquía.

Por consecuencia, en medio de ese maremágnum -digamos de importamadrismo y desinterés-,  ha imperado  el desorden y  la confusión; lo que ha traído aparejado no solo el descontento y la irritación en diversos sectores, sino que ha producido ruido. Mucho ruido. Marchando siempre al compás de la desorganización. Y el caos.

Y todo, porque justo al centro de ese laberinto ha permeado la pasividad, la apatía y la dejación; y ha persistido  el desgano y la indiferencia.  Y eso  ha impedido a los gobernantes que tomen al toro por los cuernos, y a los diputados y diputadas que hagan su trabajo pensando únicamente en el beneficio de los receptores del servicio. Sus representados…  el pueblo. ¿Por qué? Porque entre unos y el otro, --es decir entre legisladores y gobernante--  ha faltado decisión, entereza, audacia. Como también ha persistido la falta de valentía, coraje…  y arrestos.

Pero. Ya es hora de corregir rumbos. De actuar con determinación y acabar con los perniciosos pagos de prebendas, con las perjudiciales canonjías y con la inmunidad. Ya es hora de poner fin a los cotos de poder y al pago de facturas políticas. Y ha llegado el momento de soltar los amarres que atan y provocan el beneficio de unos cuantos, allanando el camino al acaparamiento. Al monopolio.

Por cierto. Preocupado por los propios transportistas y los usuarios, la tarea sobre este particular, ya la hizo Carlos Mendoza Davis, como gobernante. Falta solamente que el Congreso de su visto bueno y la califique del cero al diez. Y para ello  –el gobernante-- ha insistido sobre “la urgente necesidad de legislar en la materia, para llenar ese vacío jurídico que tenemos desde hace 25 años. Y para poner al día y actualizar una ley, en materia no de transporte, sino de movilidad”.

Y digo que falta el VoBo y la puntuación del Congreso porque  la ciudadanía ha emitido ya su calificación. La cual fue positiva durante los Foros realizados en los cinco municipios del estado convocados para recibir las propuestas relacionadas con la Ley Estatal del Transporte. Y vaya que aqui se da respuesta a la preocupación manifiesta del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la realización de Foros de Consulta para que los gobiernos hagan justamente  lo que el pueblo desea. Y ahí está la respuesta.

Por cierto… ¿Cuál fue el aval, y cuál es la garantía?: Nada menos la puesta sobre la mesa de 160 ponencias y la participación de poco más de 500 ciudadanos. Con cuyos resultados, las autoridades estatales obtuvieron los elementos suficientes para llegar a la conclusión de que efectivamente, es necesaria la creación del Instituto de la Movilidad.

Aquí mismo sobresale otra preocupación del Presidente de México y del gobernante de BCS: hacer un trabajo conducido por la vía democrática. Esto, al manifestar que dicho instituto se integre por ciudadanos, quienes a su vez de manera transparente y justificada fijarán las tarifas y otorgarán las concesiones para transporte público de personas y los permisos respectivos en las otras modalidades; que se modernice y cumpla con las necesidades de la sociedad y el desarrollo del estado. ¿Qué más se puede pedir?

Y Carlos Mendoza iría más allá, al ratificar: “por supuesto, que entre otras cosas el gobierno se está despojando, --con esta propuesta--, de la facultad que tiene de decidir a quién se otorga o no una concesión, de a quién se otorga o no la posibilidad de un servicio”. Y dijo el porqué: “porque creemos que eso no debe ser una facultad del gobierno”.

El documento contempla también a los que prestan el servicio de autos de alquiler mediante las plataformas digitales. En cuyo apartado, Mendoza Davis, reafirma: “pretendemos que los servicios de transporte concesionado como los taxis y los que se prestan a través de plataformas digitales, puedan coexistir, erradicando la competencia desleal en beneficio de la población”. Y  añade: “nuestras familias merecen elegir con absoluta libertad qué tipo de transporte prefieren utilizar”.

Y no es para menos: “En Baja California Sur emprendimos una modernización de la infraestructura de movilidad urbana. Ahora los sudcalifornianos merecemos tener una oferta amplia y competitiva de transporte y un sistema más eficiente, suficiente, viable, seguro, económico y menos contaminante”,  dijo el gobernador al enviar Congreso del Estado la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se crea la Ley de Movilidad del Estado de Baja California Sur.

Y vía Twitter, Carlos Mendoza confirmaría: “La #LeyDeMovilidad que envié al @Congreso_BCS, busca dar libertad a nuestras familias de poder elegir qué tipo de transporte prefieren utilizar. Buscamos incrementar la calidad en el servicio para beneficio de l@s sudcalifornian@s y turistas. Llegó el momento de evolucionar”. Así también: “Para redactar la iniciativa de #LeyDeMovilidad se escuchó a l@s sudcalifornian@s, a través de ponencias y foros en los cinco municipios de #BCS, usuarios y transportistas dieron su opinión libremente. Agradezco a quienes participaron y coadyuvaron en este proyecto”.

No olvidemos que la exigencia  ya no es tanto nuestra, sino que proviene de la nueva realidad mundial. Por tanto, atendiendo la demanda ciudadana por contar con servicios de calidad en la materia, se debe facilitar la entrada de nuevos servicios, particularmente los que se contratan mediante plataformas digitales, porque de esa manera nos tornamos competitivos y nos colocamos a la altura de las economías más avanzadas y los mejores destinos turísticos del mundo.

En fin… Hay que recordar que el mundo evoluciona y con él la actividad humana. Y esto crea la necesidad de que las leyes sean actualizadas. Por tanto, luego de que el Ejecutivo Estatal  hizo su tarea, son ahora las y los integrantes de la XVI Legislatura al Congreso local sobre quienes recae la gran responsabilidad de modernizar la prestación del servicio de transporte público. De acabar con ancestrales vicios y llenar esos vacíos legales. Son los y las diputadas, quienes tienen en sus manos la oportunidad de terminar de raíz con antagonismos, monopolios y anarquía.

Y así pasar a la historia.

Cuestión de tiempo.