La actual administración no llevó a cabo el procedimiento legal adecuado para cancelar la concesión de GIRRSA

La Paz, Baja California Sur.- El abogado Arturo Rubio Ruíz, presidente del Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines y de la asociación Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana, pronosticó una derrota definitiva para el Ayuntamiento de La Paz en el litigio en que Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente S.A. de C.V. (GIRRSA) exige que se respete su título concesión de alumbrado público otorgada por la pasada administración, ya que no se llevó a cabo el procedimiento adecuado para anularlo desde el inicio de la gestión de Armando Martínez Vega.

De acuerdo al penalista, la administración entrante incurrió en un ejercicio abusivo de facultades al determinar, con total “desconocimiento de los procesos administrativos”, cancelar el documento en manos de GIRRSA, dando pie a una querella de la empresa concesionaria y generando un quebranto patrimonial a las arcas municipales mediante una demanda de amparo en la que solicitó la suspensión del acto reclamado, otorgado por un Tribunal Colegiado federal.

“El Tribunal Colegiado otorgó la suspensión definitiva […] y deja entrever en su resolutivo que la cancelación de la concesión es ilegal. El pronóstico es que el Ayuntamiento de La Paz perderá el juicio y el quebranto económico será elevado […] hay dos errores en la administración pública que habremos de pagar los gobernados: el indebido proceso de cancelación de la concesión y la deficiente defensa del Ayuntamiento ante los tribunales de amparo”, explicó Rubio Ruíz.

Aseguró que durante la tramitación del incidente de suspensión dentro del juicio de amparo, quedó claro que el área jurídica del municipio “carece de los conocimientos y experticia necesarios” para llevar de manera exitosa un caso como este, por lo que calificó los argumentos del Ayuntamiento como “una deficiente exposición argumentativa y nula fundamentación” en su intento por sostener la legalidad de la cancelación de la concesión.

No obstante, calificó la destitución del secretario general, Isidro Ibarra Morales, como una medida “política” conocida como el “chivo expiatorio”, debido a que fue “sacrificado” con tal de salvar la imagen de los demás integrantes del Cabildo, el cual calificó como “un error más” debido a la ilegalidad de la destitución, por lo que el propio exfuncionario estaría en posibilidades de iniciar una demanda para ser legalmente indemnizado por despido injustificado.

Aseguró que además de premiarlo con un “prolongado periodo vacacional”, el secretario general se salvará de las acciones que ejerza la justicia federal para el apremio de la reciente resolución del Tribunal Colegiado en contra del Ayuntamiento de La Paz y quedará exento de las sanciones que la propia Ley de Amparo estipula para el desacato de la sentencia de amparo, que van desde multas económicas, hasta la destitución del cargo y la pena de cárcel.

“Si no profesionalizamos el servicio público, los gobernados seguiremos siendo víctimas de la improvisación, y seguiremos pagando de nuestro bolsillo, las desastrosas determinaciones en el ejercicio público, generadas a través de la ignorancia y la soberbia de malos servidores públicos que ocupan el encargo más por complicidades que por capacidad e idoneidad”, agregó el litigante para este matutino.

Finalmente, hizo hincapié en la procedencia denuncias en contra de los miembros de cabildo anterior que participaron en decisiones que han generado un grave perjuicio al erario y la administración municipal, por lo que dijo necesario proceder penalmente en su contra y exigir una sanción ejemplar, aunque dijo importante también la conformación de una Contraloría Ciudadana y trabajar en el marco legal para evitar que “improvisados” lleguen al servicio público.