•Denuncian la suspensión de servicios médicos por falta de pago a proveedores subrogados, principalmente al consultorio Logisemex.
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La Paz, Baja California Sur.- Isaac Plancarte Mata acompañado de compañeros jubilados y de trabajadores activos de Pemex en La Paz, solicitaron la intervención urgente de autoridades estatales y federales ante el colapso total de los servicios médicos a los que tienen derecho contractual, la petición la dirigieron al gobernador de Baja California Sur (BCS), Víctor Manuel Castro Cosío y al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.
Plancarte Nata, denunció la suspensión de servicios médicos por falta de pago a proveedores subrogados, principalmente al consultorio Logisemex; el desabasto de medicamentos desde hace cuatro meses; y la cancelación de traslados y viáticos para atención en hospitales de alta especialidad, lo que obliga a pacientes graves a viajar miles de kilómetros por cuenta propia.
Los trabajadores recordaron que su labor es estratégica para el estado, al garantizar la recepción de buques tanque y la distribución de combustible que mueve la economía de Baja California Sur. Plancarte subrayó que, pese a los ingresos millonarios que genera Pemex a nivel nacional, existe una deficiente planeación y gestión del presupuesto médico, lo que mantiene a cientos de derechohabientes sin atención.
Por su parte, el ingeniero Aldo Cázares, delegado sindical, señaló que la crisis se ha agravado desde noviembre de 2025 con la suspensión de urgencias y la terminación de contratos con prestadores, dejando a trabajadores y jubilados en condición de vulnerabilidad, pese a realizar labores de alto riesgo. Advirtió que la terminal de La Paz es la única en el estado y abastece a todo el sur, por lo que la falta de solución podría escalar.
Entre las exigencias destacan: pago inmediato a proveedores para restablecer la atención, suministro urgente de medicamentos vitales y reactivación de traslados y viáticos a hospitales de tercer nivel. Los denunciantes apelaron a la responsabilidad de las autoridades para resolver una crisis que, advirtieron, amenaza la salud y la vida de las familias petroleras.