San José del Cabo, Baja California Sur. El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) enfrenta un paro nacional de labores encabezado por miles de educadores comunitarios que denuncian precariedad laboral, bajos ingresos y la ausencia de derechos básicos como seguridad social y servicio médico. 

Aunque el organismo depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y opera en más de 35 mil localidades del país, las figuras educativas aseguran que su trabajo docente no cuenta con un reconocimiento laboral digno.

Los manifestantes señalan que actualmente reciben un “apoyo por servicio social” cercano a los 5 mil pesos mensuales, monto que resulta insuficiente frente al costo de vida y la inflación, particularmente en estados como Baja California Sur. En municipios como Los Cabos, los educadores deben cubrir gastos de traslado a comunidades alejadas, así como carencias en infraestructura escolar, sin respaldo institucional.

Ángel Gutiérrez, educador comunitario en la región Todos Santos–Cabo San Lucas, afirmó que las responsabilidades que asumen ya no corresponden a un servicio social, sino a un trabajo formal con múltiples exigencias. “La remuneración que se nos brinda no alcanza para la movilidad ni para solventar las condiciones en las que se encuentran las aulas, lo que nos obliga a buscar estrategias de mejora para los alumnos”, expresó.

A nivel estatal, se encuentran en paro los centros CONAFE de Vizcaíno, Loreto y Mulegé, Todos Santos, Cabo San Lucas y San José del Cabo. 

La SEP, encabezada por Mario Delgado, ha reiterado su disposición al diálogo y anunciado incrementos en los apoyos. Gutiérrez señaló que, pese a los anuncios de este aumento salarial, no existe claridad sobre los montos ni la forma de aplicación, ya que los pagos recientes se mantienen sin cambios.

En un pronunciamiento público, trabajadores de CONAFE en Baja California Sur llamaron a la sociedad y a las autoridades locales a visibilizar su lucha por la dignificación de su labor. 

Subrayaron que, aunque pertenecen a una institución federal, su trabajo impacta directamente en comunidades sudcalifornianas, por lo que pidieron corresponsabilidad de los gobiernos municipales y estatal. “Lavarse las manos ante nuestras carencias no es congruente con los discursos oficiales que colocan el derecho a la educación como una prioridad”, expresaron.