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Hoy es martes, 8 de octubre de 2024

Entregan 4 nuevas notarias en BCS; una de ellas al ex procurador de justicia

• Se ubicarán dos en La Paz y dos en Los Cabos, y se trata de las notarías 29, 30, 31 y 32 Carlos Ibarra Meza La Paz, Baja California Sur (BCS). A Gamill Arreola Leal, ex titular de la Procuraduría General de

Entregan 4 nuevas notarias en BCS; una de ellas al ex procurador de justicia

Entregan 4 nuevas notarias en BCS; una de ellas al ex procurador de justicia • Se ubicarán dos en La Paz y dos en Los Cabos, y se trata de las notarías 29, 30, 31 y 32 Carlos Ibarra Meza La Paz, Baja California Sur (BCS). A Gamill Arreola Leal, ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Gobierno de Baja California Sur entregó el nombramiento como representante de la recién creada Notaría Pública Número 32, con residencia en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos.

Entregan 4 nuevas notarias en BCS

“Otorgo: Al C. licenciado Gamill Alberto Arreola Leal, patente de notario público número 32, cuya residencia será en la ciudad de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, quedando autorizado desde esta fecha, en que rindo su protesta de ley para iniciar sus funciones”, expresa el oficio firmado por Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, gobernador, y Luis Andrés Córdova Urrutia, secretario general. En otro oficio, con fecha del siete de agosto de 2015, se enumera la entrega de cuatro notarías más: 29 y 30 radicadas en La Paz; 31 y 32 con ubicación en San José del Cabo y Cabo San Lucas. Aunque no se conocen los documentos con los nombres de los tres beneficiados restantes, abogados y reporteros aseguran que se trata de Erick Pius Kauffman, Gonzalo Hernández Lezama y Francisco Javier López Velderrain. La ley señala que es facultad del gobernador de la entidad entregar notarias públicas durante su gestión. Covarrubias Villaseñor solo entregó 4 cuando está a punto de finalizar su gestión como administrador del estado. Arreola Leal En cambio, el documento que se filtró a redes sociales, el Poder Ejecutivo del Estado de BCS nombró con el cargo al controvertido ex funcionario estatal, quien dejó de dirigir a la PGJE a principio de marzo de 2014, tras un accidente automovilístico que le ocasionó diversas heridas que ocuparon de varias cirugías para volver a caminar. El choque ocurrió a principios de junio de 2014, cuando regresaba de una reunión con autoridades del municipio de Comondú. El reporte aseguró que en el kilómetro 61, con dirección norte a sur de la carretera Transpeninsular, un tráiler invadió el carril contiguo en una curva. El camión chocó un automóvil en el que viajaban cinco personas, tres fallecieron en el lugar, dos hombres y una mujer, y sobrevivió un menor de edad y una mujer. Arreola Leal vivió uno de los episodios más álgidos con el caso del asesinato de Jonathan Hernández Ascencio, el 04 de marzo de 2010, porque liberó a finales de 2011 a los únicos sospechosos: Emilio González-Rubio Ojeda Montaño, Carlos Alejandro Castro Castro (El bebo) y Alonso Jaziel Soto Murillo. Después, el 04 de septiembre de 2012, la PGJE atrapó a Daniel Sánchez Ávila a quien de inmediato fue puesto bajo arraigo: era el nuevo inculpado. Sin embargo, tras un largo proceso de más de dos años, la defensa logró comprobar que no se había participado, y Arreola Leal tuvo que dejar en libertad a Daniel. Denuncias contra notarios En junio de 2014, medios de comunicación daban a conocer el supuesto abuso de confianza de Carlos Enrique Lira Padilla, notario Público número 27, en agravio del extranjero Bernard Eric Anderson. El afectado explicó que se entregaron varios pagos de 180 mil 500 dólares se entregaron como parte de un fideicomiso para la compra de una vivienda ubicada en las calles Ignacio Allende número 1550 esquina Baja California, en el fraccionamiento, todo se depositó a las cuentas bancarias de la Notaría Pública 27. La PGJE llamó a comparecer a Lira Padilla y Óscar Amador Encinas, notario público número 09, a quienes se les acusó de cometer el delito de fraude por 2 millones 042 mil 262.50 pesos, en la averiguación previa LPZ/322/AMP3/2014. El subsecretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Rodrigo Serrano Castro, confirmó al Semanario Zeta, que “con fundamento en la Ley del Notariado del Estado, el gobernador había emitido el acuerdo de suspender de sus funciones a los notarios”.

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