Esos trueques hasta cierto punto legales, que está haciendo Rubén Muñoz Álvarez para evitar la sentencia, son claras astucias para que la autoridad se olvide de otros datos.

Datos que, a modo de refrescar la memoria de la autoridad, los daré más adelante.

Por lo pronto, simplemente diré que muy seguramente la alcaldesa Milena Quiroga Romero, sí los ha de tener bajo la manga para en su momento presentarlos ante el Fiscal Anticorrupción de Baja California Sur.

¿Por qué...?

Porque en su momento, fue precisamente la propia alcaldesa quien dijo a los cuatro vientos que allí al interior de las anteriores administraciones del ayuntamiento de La Paz existió toda una red de corrupción.

Fue esa vez, que con entereza y valentía Milena Quiroga destapó esa cloaca pestilente, adelantando inclusive la intervención de auditorías externas.

En ese entonces la postura de la Presidenta Municipal nos brindó un esperanzador aliciente de que entre aquellos que comulgan con la 4T, sí hay quienes rechazan las corruptelas.

También al mismo tiempo, pudimos observar que desde aquella pasada administración hubo quienes supieron tejer finito desde el sigilo de la hipocresía y de los oscuros rincones de la mentira, tal cual acostumbra Rubén Muñoz.

Porque de cualquier manera el primero en colocarse en esa fila de corruptos es precisamente el ahora exalcalde Rubén Muñoz Álvarez.

Y para ello es cuestión de escarbarle un poco.

Así es.

Tal como lo dije líneas arriba, en cuanto a que la alcaldesa guarda datos bajo la manga, me refiero a que:

1.- Se dijo con anterioridad que Rubén Muñoz tenía más de 100 aviadores en su administración.

2.- Recuérdese que durante la última sesión de cabildo de la anterior administración el regidor Pavel Castro Ríos, cuestionó severamente a Rubén Muñoz sobre el desvió de más de 38 millones de pesos.

3.- También se afirmó que en la administración de Rubén Muñoz durante los tres años de gobierno el endeudamiento creció a pasos agigantados al grado de llegar a mil 394.4 millones de pesos lo que representa casi el 70 por ciento del presupuesto anual del Ayuntamiento de La Paz. A esto se agrega que no se solventaron observaciones cuantificadas en 110.2 millones de pesos, lo que deja entrever malos manejos de los recursos.

En pocas palabras tales recursos no se encuentran respaldados con la documentación original que justifique y compruebe el destino de los mismos.

Todo ello más lo dicho por la propia alcaldesa, respecto a que la deuda con “terceros institucionales” creció de 502 millones 904 mil pesos a 883 millones 978 mil 541 pesos; es decir, más de 381 millones de pesos, aclarando que la tercera o cuarta parte de los casos que atiende en sus audiencias públicas,

tiene que ver con trabajadores que les descontaron “el pago de su casa”, pero no lo reportaron y ahora “no les liberan sus escrituras” por deudas de administraciones pasadas.

Por todo lo antes descrito la pregunta obligada es: ¿Tiene o no tiene mucho más trabajo la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur?

No me cabe pues la menor duda que esas venenosas arañas supieron tener demasiado fino esa red de corrupción.

Y ya después con esa actitud perversa hubieron de acarrear todo ese manojo de desaciertos, que en su conjunto dejaron esas herencias malditas que ahora, como pesadas losas cargan a sus espaldas Milena Quiroga y sus colaboradores.

En efecto, porque hablar de corrupción, es hablar de desvergüenza, descaro y cinismo, como es el caso del ahora exdiputado federal y exalcalde.

Por eso, el pueblo en general aplaude para que las autoridades actuales ya empiecen a sacar los trapitos al sol, y sobre todo procedan en contra de quien sea, sin importar el color de partido al que pertenezcan.

Es decir, como fue el caso del Contralor Municipal del Ayuntamiento de La Paz, Ernesto Alonso Rodríguez Hurtado, quien en su momento presentó las primeras denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de funcionarios del gobierno de Rubén Muñoz Álvarez.

Y fue quien precisamente dijo: “no nos detendremos hasta lograr la reparación o el resarcimiento de los daños a la Hacienda Pública Municipal y al buen ejercicio del servicio público encomendado, así como ante aquellos exservidores públicos que se encuentren sujetos a investigación”.

Lo cierto de todo es que la contraloría municipal tiene mucho qué hacer al respecto, como también tienen mucho que hacer los integrantes de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado.

Y si hago referencia a las y los diputados habría que recordar que ellos y ellas hicieron un firme compromiso de llegar a esta Legislatura.

Sí, su compromiso inicial fue: “trabajar en una misma dirección, por un Congreso transparente, por un gobierno sin corrupción, por un gobierno que no de vergüenza, que no engañe, que no robe, que en verdad sea transparente”.

Por tanto, hacen bien esos representantes del pueblo en hablar así. Y no que se conviertan en comparsa, y tapadera de actos vandálicos.

En fin, si al inicio de esta entrega hablé de trueques legales fue porque en efecto, la audiencia inicial ha sido diferida en múltiples ocasiones, con prórrogas concedidas a la defensa, lo que ha retrasado el avance del caso, incluso con solicitudes de 60 días más de gracia para el proceso hasta 2026.

Por tanto, aún no existe una fecha definida para dictar sentencia a Rubén Muñoz, quien ciertamente a sido vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

Pero en todo ello solamente hacen referencia al caso Punta Norte.

Entonces, la pregunta es: ¿Y las otras corruptelas y perversidades...?

Cuestión de tiempo.