La Paz, Baja California Sur. - El exdiputado local Joel Vargas Aguiar presentó este lunes 11 de mayo una iniciativa ciudadana ante el congreso de Baja California Sur (BCS) para reformar el artículo 11 de la Constitución estatal y prohibir el cambio de uso de suelo y las edificaciones en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.

La propuesta surge en medio de la controversia ambiental que durante los últimos meses ha generado el proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”, así como los recientes reportes y denuncias ciudadanas sobre sobrevuelos de helicópteros, traslado de materiales y presuntas actividades relacionadas con infraestructura dentro de la zona serrana.

Vargas Aguiar sostuvo que decidió “pasar de las palabras a la acción” y promover una reforma constitucional con carácter ciudadano para proteger la Sierra La Laguna, considerada la principal zona de recarga hídrica del estado.

“Hoy presenté una iniciativa ciudadana al Congreso del Estado para pretender reformar el artículo 11 de la Constitución del Estado de Baja California Sur. La intención de esta reforma es con el objeto de prohibir el cambio de uso de suelo de la zona de la Sierra La Laguna, área natural protegida, reserva de la biosfera y pulmón y fuente de nuestro estado”, expresó.

Señaló además que la Sierra abastece de agua a municipios como La Paz y Los Cabos, por lo que consideró necesario establecer un “blindaje constitucional” frente a proyectos que pudieran representar riesgos ambientales o contaminación de mantos acuíferos.

“Tenemos que tomar la acción y el día de hoy como un ciudadano, porque nadie es propietario de la defensa, sino que la Sierra de la Laguna nos pertenece a todos”, agregó.

De acuerdo con el documento entregado al Congreso del Estado, la iniciativa plantea adicionar un párrafo al artículo 11 constitucional para establecer que:

“Atendiendo al Derecho Humano al agua, queda prohibido uso de suelo y edificaciones de cualquier tipo en el área natural protegida de la Sierra La Laguna”.

La propuesta únicamente permitiría construcciones ejecutadas por instituciones o dependencias de gobierno federal, estatal o municipal, siempre que tengan como objetivo exclusivo el cuidado y preservación ambiental de la reserva y utilicen materiales considerados amigables con el medio ambiente.

En la exposición de motivos, Vargas Aguiar argumenta que la Sierra La Laguna alberga más de 2 mil especies de flora y fauna, además de constituir la principal fuente de recarga de mantos freáticos de Baja California Sur.

El documento cita información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), así como estudios difundidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

La iniciativa también retoma el reconocimiento internacional del acceso al agua como un derecho humano y advierte sobre los riesgos de abrir la puerta a desarrollos dentro de la zona natural protegida.

“Por muy ‘amigable’ que pueda ser el proyecto que hoy es motivo de discordia [Santuario del Tío Checo], de llevarse a cabo éste, es obvio que sería abrir una puerta que sería difícil de cerrar”, señala el documento presentado ante la XVII Legislatura.

El proyecto fue dirigido al diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, y se presentó bajo la figura de iniciativa ciudadana contemplada en la Constitución de Baja California Sur y en la Ley de Participación Ciudadana.

En el apartado legal, la propuesta recuerda que la Constitución local reconoce el derecho de las y los ciudadanos a presentar iniciativas ante el Poder Legislativo estatal.

Durante las últimas semanas, colectivos ambientales, habitantes de comunidades serranas y organizaciones civiles han intensificado las protestas y exigencias de protección integral para Sierra La Laguna, particularmente tras la difusión de videos y fotografías de presunto traslado de materiales de construcción hacia zonas vinculadas con el proyecto “Santuario del Tío Checo” y el Segundo Valle de la Sierra La Laguna.

Aunque autoridades federales y estatales informaron recientemente que no encontraron actividades de construcción ni remoción de vegetación durante recorridos de inspección en la reserva, activistas han insistido en la necesidad de reforzar la protección legal del área natural protegida.

La iniciativa deberá ser turnada a comisiones para su análisis de viabilidad y eventual dictaminación dentro del Congreso de Baja California Sur.