La Paz, Baja California Sur.- El Congreso de Baja California Sur (BCS) aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a autoridades federales y municipales para que revisen, informen y, en su caso, actúen ante las denuncias ciudadanas sobre presuntas actividades de construcción y traslado de materiales en la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Karina Olivas Parra, quien recalcó la preocupación social por los vuelos constantes de helicópteros y el aparente traslado de materiales hacia zonas altas de la sierra.

En entrevista concedida a Diario El Independiente, la legisladora señaló que la Sierra La Laguna representa “más del 70% del agua” que abastece a habitantes de La Paz y Los Cabos, por lo que insistió en que cualquier actividad debe apegarse a la normatividad ambiental y urbana vigente.

“Siempre me manifiesto en contra de todo lo que venga a atentar contra nuestra agua y nuestra tierra”, expresó la diputada.

Recordó que semanas atrás presentó otro exhorto relacionado con el proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”, cuya solicitud ambiental fue desechada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Olivas Parra afirmó que, hasta ahora, no existe claridad pública sobre el tipo de proyecto o actividad que actualmente se estaría desarrollando dentro de la reserva.

“No conocemos qué proyecto sea. No conocemos el nombre de esta intención”, declaró.

Añadió que, de acuerdo con denuncias de habitantes y organizaciones, desde el pasado 30 de abril se han reportado vuelos diarios de helicópteros que presuntamente trasladan material de construcción hacia la zona serrana.

La legisladora sostuvo que, si existen obras en ejecución, las autoridades competentes deben revisar si cuentan con permisos y autorizaciones correspondientes.

“Para construir algo se necesita un permiso. Entonces, que se revise”, dijo durante la entrevista. También consideró necesario que dependencias federales y municipales informen públicamente sobre el estatus legal de cualquier actividad en la zona.

El exhorto aprobado por el Congreso solicita a la Semarnat informar a la ciudadanía sudcaliforniana sobre los proyectos y actividades que actualmente pudieran desarrollarse dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna.

Asimismo, se pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevar a cabo inspecciones y verificaciones para determinar si existen afectaciones ambientales o posibles irregularidades.

En el acuerdo legislativo también se exhorta al Ayuntamiento de La Paz a revisar licencias de construcción y permisos otorgados dentro de la zona serrana y, en caso de detectar inconsistencias o violaciones al marco ambiental y urbano, proceder con suspensiones o revocaciones.

Otro de los puntos incluidos en el exhorto plantea solicitar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, analizar mecanismos legales o la viabilidad de un eventual decreto para recuperar predios dentro de la reserva que actualmente se encuentren en manos privadas o de capital extranjero.

Durante la entrevista, Olivas Parra indicó que anteriormente sostuvieron reuniones con representantes de Semarnat, Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), luego de las primeras denuncias relacionadas con el proyecto “Santuario del Tío Checo”.

En semanas recientes, organizaciones como el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) y habitantes de comunidades rurales han manifestado preocupación por posibles desarrollos inmobiliarios o actividades de construcción dentro de la reserva, considerada una de las principales áreas de captación de agua para el sur de Baja California Sur.

No obstante, este jueves 7 de mayo, autoridades de Profepa, Conanp y el gobierno de Baja California Sur informaron que realizaron recorridos de vigilancia y reconocimiento en la Sierra La Laguna sin detectar actividades de construcción ni remoción de vegetación.

De acuerdo con el reporte oficial, inspectores y guardaparques efectuaron recorridos en la reserva tras señalamientos sobre presuntas actividades irregulares; sin embargo, señalaron que no encontraron evidencias de desmontes u obras en proceso.