La Paz, Baja California Sur.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California Sur (BCS) expresó su preocupación ante los recientes señalamientos públicos que vinculan a actores políticos con presuntas actividades del crimen organizado, particularmente en el estado de Sinaloa.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Roxana Higuera Espinoza, señaló que, ante la gravedad de los hechos que se han dado a conocer, es indispensable que las autoridades competentes investiguen a fondo, con transparencia y sin ningún tipo de protección política.

“México no puede acostumbrarse a vivir entre la violencia, ni mucho menos con la sospecha de que quienes gobiernan puedan estar vinculados con el crimen organizado. La ciudadanía merece paz, certeza, verdad y justicia”; afirmó la dirigente estatal.

Higuera Espinoza subrayó que cualquier señalamiento de esta magnitud debe ser atendido con seriedad institucional, evitando tanto la descalificación automática como la impunidad: “No se trata de especular, se trata de esclarecer. Y, en un Estado de derecho, nadie puede estar por encima de la ley.”

Asimismo, destacó que los niveles de violencia y desapariciones registrados en diversas regiones del país exigen respuestas claras por parte de los gobiernos: “Las cifras que hemos visto en estados como Sinaloa reflejan una realidad dolorosa para miles de familias. No podemos permitir que estos temas se diluyan en debates políticos; requerimos acciones, responsabilidad y resultados. Mucho menos debemos permitir que esta denostable tendencia se intensifique en Baja California Sur más de lo que ya está”.

La dirigente estatal del PRI también hizo un llamado a evitar el uso de discursos de soberanía como justificación para eludir investigaciones o responsabilidades, enfatizando que la cooperación institucional y el respeto al marco legal son fundamentales para garantizar justicia.

Finalmente, reiteró que el PRI continuará alzando la voz en defensa de la legalidad, la seguridad y la paz en el país: “México necesita instituciones fuertes, gobiernos responsables y una política que esté a la altura de los desafíos que enfrentamos. La seguridad de las familias mexicanas no puede estar en duda. Cuando existen señalamientos de esta magnitud, el silencio y la evasión también conllevan responsabilidad política”.