La Paz, Baja California Sur.- El gobernador de Baja California Sur (BCS), Víctor Manuel Castro Cosío, confirmó que continúa la investigación en contra del exdirector de Informática del Gobierno del Estado, Ignacio Rivas, luego de que la Contraloría General detectara presuntas inconsistencias entre su situación patrimonial declarada y los bienes que poseía.

A pregunta expresa de Diario El Independiente, el mandatario estatal aclaró que el exfuncionario no ha sido acusado formalmente de ningún delito, sino que actualmente se encuentra sujeto a una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“No está acusado, se le está investigando. Nosotros no acusamos. Simplemente la Fiscalía Anticorrupción, por acuerdo de la Contraloría, ante no coincidir sus datos financieros, la declaración con las propiedades y los carros que tenía, obviamente se pasa a la Fiscalía para que investigue”, declaró.

Castro Cosío señaló que Ignacio Rivas ya inició con el proceso de entrega-recepción y que el caso se encuentra exclusivamente en manos de las autoridades investigadoras, por lo que evitó emitir mayores comentarios sobre el desarrollo de las indagatorias.

“Ya está en un proceso de investigación por parte de la Fiscalía y yo no puedo atender eso”, expresó.

Cuestionado sobre la posibilidad de que existan más servidores públicos bajo revisión por situaciones similares, el gobernador respondió que es probable, aunque precisó que corresponde a la Fiscalía Anticorrupción determinar el alcance de las investigaciones.

“Seguramente, pero eso le corresponde a la Fiscalía Anticorrupción. Ya le dije: hasta el último día que esté yo en el gobierno vamos a investigar los casos que sean señalados por irregularidades que no correspondan a sus declaraciones con los bienes que tienen. Así empezamos la investigación en el INVI”, sostuvo.

El mandatario también hizo referencia a señalamientos públicos relacionados con la adquisición de vehículos de alto valor, al mencionar que uno de los casos revisados involucra una unidad con un costo aproximado de cinco millones de pesos. Asimismo, rechazó acusaciones dirigidas hacia su persona y su entorno familiar, calificándolas como “calumnias”, aunque sin mencionar nombres específicos.

La investigación sobre el patrimonio del exdirector de Informática se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía Anticorrupción, instancia que deberá determinar si existen elementos para fincar responsabilidades administrativas o penales. Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre una resolución o imputación formal derivada de este caso.