San José del Cabo, Baja California Sur. A unos días de que la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, informara que las cerca de 700 viviendas construidas en Cabo San Lucas están próximas a entregarse para reubicar a familias que habitan en arroyos y asentamientos irregulares, la diputada por Baja California Sur (BCS) Guadalupe Saldaña Cisneros expuso una versión distinta sobre las dificultades que enfrentan algunos de los posibles beneficiarios.

Durante la reciente visita de la funcionaria federal a Baja California Sur, Vega Rangel señaló que parte del reto para concretar la reubicación radica en que algunas familias no desean abandonar las zonas de riesgo donde actualmente viven. En ese mismo sentido, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío hizo un llamado a la población para aceptar el traslado a estos desarrollos habitacionales, con el objetivo de disminuir los riesgos durante las próximas temporadas de lluvias y ciclones.

Sin embargo, la legisladora afirmó que, tras recorrer recientemente colonias vulnerables de Cabo San Lucas, encontró familias que sí buscan acceder a una vivienda, pero que aseguran enfrentar barreras económicas para hacerlo.

“Una familia encabezada por un matrimonio, donde él se dedica a la albañilería y ella al hogar, con cuatro hijos y uno de ellos con discapacidad, me decía que quieren acceder a uno de estos departamentos del Bienestar, pero les piden de enganche 50 mil pesos y una mensualidad de 2 mil 600 pesos. Eso es algo que consideran que no podrían juntar para acceder a este apoyo”, expresó.

De acuerdo con Saldaña Cisneros, el caso corresponde a una familia que actualmente habita en una vivienda construida con cartón y lonas, además de enfrentar gastos constantes por la atención médica de uno de sus hijos y por la compra de agua potable, al no contar con red de suministro en su colonia.

Expuso que su gasto para llenar un “bote” grande de agua para la familia es de 200 pesos y lo llenan cada dos o tres días; esto, sumado a sus gastos de alimentos, transporte y otros conceptos les imposibilita de tener un ahorro que les acerque a esta meta.

La diputada consideró que, de confirmarse estas condiciones de acceso, el programa podría no estar alcanzando a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Indicó que su equipo revisa las reglas de operación para conocer si existen mecanismos que permitan flexibilizar los requisitos en casos de alta necesidad y evitar que las viviendas sean ocupadas por personas con mayor capacidad económica.

“No se está diciendo la información completa. No se dice que la gente no quiere porque no cuentan con los recursos. ¿Cómo van a creer que no quieren vivir en una casa digna cuando su casa es prácticamente de cartón y tienen cuatro niños? Por supuesto que quieren vivir ahí, pero no pueden juntar 50 mil pesos para irse a vivir a otra zona”, sostuvo.

Las declaraciones de la diputada contrastan con el planteamiento realizado por las autoridades federales y estatales durante la presentación del avance del programa de vivienda. 

Saldaña consideró que poder excluir a ciertas familias de tener que dar un enganche de esta magnitud podría generar un cambio importante en el avance del programa.