La Paz, Baja California Sur.– La continuación de la audiencia inicial por el caso del Instituto de Vivienda (INVI) se celebró este martes 24 de marzo, concluyó con la vinculación a proceso de tres personas señaladas por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El expediente se centra en un posible desvío por 54 millones 876 mil 222 pesos, recursos que originalmente estaban destinados a programas de vivienda para personas de escasos recursos, informó el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao.

De acuerdo con la investigación, parte del dinero habría sido canalizado mediante distintos mecanismos financieros, incluyendo retiros en efectivo que dificultan su rastreo.

·         Pruebas quedan intactas a pesar de estrategia de defensa

La audiencia inició a las 09:48 horas y se prolongó por más de 10 horas, en las que se realizó un análisis detallado de las pruebas y los argumentos presentados por la defensa.

Durante la jornada, la defensa intentó excluir diversos elementos probatorios al señalar presuntas irregularidades en su obtención, cuestionando tanto el origen del análisis financiero como la validez de material multimedia integrado en el expediente.

Sin embargo, el juez determinó que estos planteamientos no procedían y resolvió que las pruebas cumplen con los criterios legales, por lo que seguirán formando parte del proceso.

·         20 millones “en efectivo” dificultan investigación

En el desarrollo de la causa, la autoridad ha establecido montos presuntamente vinculados a los imputados. A Fernanda “N” se le atribuye la recepción de más de 700 mil pesos, recursos que, según la investigación, habrían sido utilizados en parte para promoción de imagen en medios.

En el caso de Juan Manuel “N”, se le relaciona con la autorización de movimientos por alrededor de 380 mil pesos desde funciones administrativas.

Por su parte, Jonathan “N” es señalado por haber recibido al menos un millón de pesos; su defensa sostiene que ese dinero se destinó a gastos operativos y que desconocía su origen.

Uno de los puntos relevantes del expediente es que cerca de 20 millones de pesos habrían sido retirados en efectivo, lo que representa un obstáculo para el seguimiento del flujo de los recursos.

Además, dentro del proceso se menciona a otras personas cuya posible responsabilidad continúa bajo análisis, mientras la investigación sigue abierta. Entre ellas el exjefe de contabilidad, Javier "N", el cual se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz hace más de dos años sin recibir una sentencia por presunto peculado.

·         Firmarán mensualmente hasta que termine su juicio

Tras la resolución, el juez impuso medidas cautelares como la firma periódica mensual, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la restricción de acercarse al INVI o a testigos del caso. No se dictó prisión preventiva, al no acreditarse condiciones suficientes para considerarla necesaria.

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, la investigación complementaria tiene como plazo de cierre el 19 de septiembre de 2026, periodo en el que la Fiscalía continuará integrando elementos y, en su caso, ampliando las imputaciones conforme avancen las diligencias.

En etapas previas, el proceso ya había registrado diferimientos derivados de la incorporación tardía de información financiera, lo que llevó a la defensa a solicitar tiempo para revisar los datos antes de continuar con la audiencia. En ese contexto, la Fiscalía logró formular imputación y sostener la solicitud de vinculación a proceso.

El caso también ha generado atención pública por el monto señalado y por versiones que apuntan a posibles desvíos a precampañas presidenciales; no obstante, la autoridad reiteró que las imputaciones se sustentan en datos objetivos y que la investigación permanece abierta para determinar responsabilidades adicionales conforme se consolida el expediente.