La Paz, Baja California Sur.- El Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS) aprobó el dictamen mediante el cual se expide la nueva Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, una legislación que actualiza de manera integral el marco jurídico ambiental de la entidad y responde a los desafíos que enfrenta el patrimonio natural sudcaliforniano.

Con esta nueva norma se sustituye la legislación vigente desde 1991, incorporando principios, instrumentos y mecanismos acordes con la realidad ambiental actual, caracterizada por el crecimiento urbano, la expansión de desarrollos turísticos, la presión sobre los recursos hídricos, el incremento de residuos, la contaminación y los efectos del cambio climático.

La nueva ley armoniza la legislación estatal con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como con diversas disposiciones en materia de cambio climático, economía circular, gestión integral de residuos, biodiversidad y desarrollo sostenible, fortaleciendo además el derecho de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano.

Entre sus principales innovaciones destaca la incorporación de los principios de prevención, precaución, no regresión, progresividad e In Dubio Pro Natura, privilegiando la protección ambiental cuando exista incertidumbre científica sobre posibles afectaciones a los ecosistemas.

Asimismo, fortalece el ordenamiento ecológico del territorio, establece criterios más rigurosos para la evaluación del impacto ambiental al considerar efectos acumulativos, sinérgicos y residuales de los proyectos, y amplía las facultades de las autoridades para prevenir, inspeccionar, sancionar y restaurar los daños al ambiente.

La legislación incorpora de manera transversal acciones para enfrentar el cambio climático, impulsa modelos de economía circular, promueve la reducción y aprovechamiento de residuos, fortalece la conservación de la biodiversidad, humedales, dunas costeras, ecosistemas marinos y recursos hídricos, además de ampliar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para una gestión ambiental más eficiente.

Otro de los avances relevantes consiste en fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos de consulta pública, acceso a la información ambiental, denuncia popular y acceso a la justicia ambiental, garantizando además condiciones de protección para personas defensoras del medio ambiente e impulsando la integración paritaria en los órganos de consulta y decisión.

Con la aprobación de este decreto, la XVII Legislatura dota a Baja California Sur de un marco legal moderno que fortalece la gobernanza ambiental, protege el patrimonio natural de la entidad y sienta las bases para un modelo de desarrollo sustentable que armonice el crecimiento económico con la conservación de los recursos naturales y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

El dictamen fue aprobado con 15 votos a favor, cero en contra y una abstención.