Estado de México. - El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, que establecen un esquema de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet por infracciones cometidas por los usuarios.

Con 72 votos a favor y 37 en contra, el Pleno avaló en lo general la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

Durante la discusión en lo particular, senadores del PAN y de Movimiento Ciudadano presentaron cuatro propuestas de modificación, pero ninguna fue aceptada. Por ello, el dictamen se aprobó sin cambios, con 70 votos a favor y 37 en contra, y fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Las reformas establecen que los proveedores de servicios de internet serán responsables de las infracciones cometidas por los usuarios cuando incumplan las obligaciones establecidas en el artículo 114 Octies de la ley.

También podrán ser considerados responsables cuando contribuyan, induzcan o causen una conducta infractora y tengan conocimiento de ella, o cuando tengan capacidad para controlar la conducta del usuario infractor y obtengan un beneficio financiero directamente atribuible a esa actividad.

Los proveedores que incumplan los requisitos legales y se ubiquen en alguno de los supuestos previstos por la ley, responderán por las mismas infracciones cometidas por los usuarios.

Las sanciones económicas estarán a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las multas podrán ir de cinco mil a 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en algunos casos; de mil a cinco mil veces la UMA en otro supuesto y de 500 a mil veces en los demás casos señalados por la ley. Además, se establece una multa adicional de entre 100 y 500 veces la UMA para quien persista en la infracción.

Entre las disposiciones aprobadas también se establece que los proveedores de servicios de internet no serán responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los titulares de derechos de autor, siempre que cuenten con una política para suspender el servicio a usuarios reincidentes en infracciones.

Esa política deberá hacerse pública en el sitio de internet del proveedor y en los términos y condiciones de la prestación del servicio. Asimismo, tendrá que establecer mecanismos mínimos de notificación a los usuarios.

Oficialismo defiende reformas

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, de Morena, sostuvo que las modificaciones no establecen mecanismos de censura previa ni alteran la neutralidad tecnológica del entorno digital. También aseguró que no parten de presunciones absolutas de culpabilidad.

“Se trata de ajustar el marco jurídico para combinar la proporcionalidad y el respeto de derechos fundamentales, así como reconocer el valor de la creatividad y promover la responsabilidad”, apuntó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que los derechos de autor en la era digital no son un asunto exclusivo de las grandes empresas, pues también involucran el trabajo de quienes crean, producen y editan contenidos culturales.

Al anunciar su voto a favor, consideró que el dictamen protege el trabajo creativo sin poner en riesgo las libertades de las personas. “No son reformas que responsabilicen a quienes proporcionan un servicio tecnológico; tampoco fija una facultad de bloqueo generalizado”, precisó.

Por su parte, la senadora morenista María Guadalupe Chavira defendió que la reforma busca armonizar la legislación mexicana con las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La senadora rechazó que los cambios busquen limitar expresiones como la caricatura política o el trabajo de los moneros. Sostuvo que la responsabilidad de los proveedores se regulará mediante medidas administrativas y no a través de acciones penales.

Oposición advierte riesgos de censura

En contraste, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Gina Gerardina Campuzano, advirtió que la modificación legal está “disfrazada de protección a los creadores” de contenido, pues consideró que podría facilitar que se oculten o eliminen investigaciones, denuncias, videos y memes incómodos.

Afirmó que su bancada “no defiende la piratería”, pero cuestionó los riesgos que las nuevas disposiciones podrían representar para la libertad de expresión.

“Porque proteger a los creadores no es lo mismo que blindar a un funcionario”, sostuvo.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, cuestionó el alcance de la reforma y sostuvo que parte de una lógica de control sobre las expresiones que resultan incómodas para el poder.

El legislador consideró que ese enfoque constituye una muestra de “autoritarismo” y afirmó que una democracia no debe “sentir miedo” de los memes, la sátira política, los periodistas críticos, los videos o las redes sociales.

El emecista Clemente Castañeda criticó que se utilice el T-MEC como argumento para impulsar una reforma de esta naturaleza.

Aunque reconoció la necesidad de actualizar la legislación en materia de derechos de autor, advirtió que los cambios no deben poner en riesgo la libertad de expresión de quienes crean contenidos en plataformas digitales. También pidió respetar los principios de proporcionalidad y taxatividad establecidos en la Constitución.