La Paz, Baja California Sur.- Una publicación difundida en redes sociales por el morenista Juan Luis Rojas Aguilar colocó bajo escrutinio público el manejo contable de dos créditos bancarios a corto plazo contratados por el Gobierno de Baja California Sur (BCS) durante 2025, por un monto total de 700 millones de pesos.

Según la información, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) registró en noviembre de 2025 la contratación de dos financiamientos con el Banco Santander (México), S.A., institución de banca múltiple.

Uno de los créditos fue por 500 millones de pesos y el otro por 200 millones de pesos, ambos con un plazo menor a un año.

Los datos provienen del apartado de “Financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único”, donde se consigna que las obligaciones corresponden al Gobierno de Baja California Sur, fueron contratadas el 12 de noviembre de 2025 y posteriormente inscritas ante Hacienda.

·         Créditos “ocultos” en la contabilidad, expone Rojas

Sin embargo, el señalamiento central del activista no se dirige a la existencia de los créditos, que reconoce como debidamente registrados ante la federación, sino a su presunta ausencia en la contabilidad mensual del gobierno estatal durante el ejercicio fiscal 2025.

Según la publicación, los 700 millones de pesos no habrían sido reflejados en los reportes contables del estado en ninguno de los meses de ese año, lo que, a su juicio, reproduce una práctica que se habría repetido de manera consecutiva desde 2023 en el caso de créditos a corto plazo.

Rojas Aguilar afirma que, a diferencia de los financiamientos de corto plazo contratados en 2021 y 2022, los cuales sí fueron incorporados a la contabilidad estatal, a partir de 2023 el gobierno estatal habría dejado de registrar este tipo de obligaciones financieras.

En su análisis, el activista sostiene que estos créditos deben ser cubiertos con recursos propios del estado, es decir, ingresos locales que no forman parte de las participaciones o aportaciones federales y que, por tanto, no son auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuya competencia se limita a los recursos federales transferidos a las entidades.

Bajo esa lógica, señala que la omisión contable permitiría al gobierno estatal manejar estos recursos sin el mismo nivel de fiscalización federal, una práctica que califica como preocupante en un contexto donde la ASF ha emitido observaciones acumuladas por más de 5 mil 500 millones de pesos a la administración estatal en ejercicios anteriores.

“Si no les ha importado solventar 5,500 millones que la Auditoría Superior de la Federación les ha observado, menos les importa no ingresar los créditos bancarios contratados a un plazo menor a un año ¡Y ya estamos en el bienio de Hidalgo!”, escribió Rojas Aguilar.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no ha emitido una postura pública para confirmar o desmentir si los créditos a corto plazo contratados en 2025 fueron o no incorporados en la contabilidad estatal, ni ha explicado el destino específico de esos recursos.

·         Antecedentes

El Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones es el mecanismo federal mediante el cual se transparentan los créditos y compromisos financieros contratados por entidades federativas y municipios.

Su inscripción es obligatoria y permite conocer montos, plazos, instituciones acreedoras y fechas de contratación, aunque no sustituye la obligación de los gobiernos locales de reflejar estos movimientos en su contabilidad y en sus informes financieros periódicos.