San José del Cabo, Baja California Sur.- Contraloría de Los Cabos afirma que recientemente se inhabilitó a al menos cinco ex funcionarios que ejercían la función pública en pasadas administraciones, con el fin de que no puedan ejercer esta labor por lo menos en un año tras haber incurrido en faltas administrativas.

Mario Alejandro Fernández Briseño, Contralor, presentó ante el Grupo Madrugadores de Los Cabos el trabajo que realizan en la dependencia a su cargo y avance que se ha obtenido en su gestión. Explicó que se ha dado seguimiento a más de 150 denuncias o quejas llegadas a la dependencia, de las cuales al menos cinco involucrarían esa inhabilitación de labores.

Explicó el contralor que de acuerdo a la acción se determina si es una falta grave o no, de no ser grave el órgano de control interno cuenta con la capacidad de inhabilitar a los funcionarios por un año; en caso de ser una falta grave la inhabilitación llega a ser de hasta 20 años, aunque en dichos casos se redirige el caso al Tribunal de Justicia Administrativa.

Además de este ejercicio se pude determinar una sanción o indemnización al Ayuntamiento o reparación del daño.

Como ejemplo, María del Rosario Díaz Cinco ciudadana extitular del Instituto de Las Mujeres. Díaz fue señalada en diversas ocasiones por no cumplir con las labores que le correspondían como titular del instituto, sin embargo, de acuerdo con informes de la Contraloría en la XIV Administración, habría incurrido en irregularidades como la compra de teléfonos con erario público, entre otros.

La exfuncionaria además enfrenta otros procesos por los que aún está siendo investigada.

Por esta razón se le inhabilitó un año de la función pública. Fernández comentó que por el momento es limitada la información que se puede dar a conocer porque aún siguen los proceso en curso.

“Tenemos cinco inhabilitados, una de ellas perteneciente al Instituto de mujeres; otro funcionario que se denunció es del área de Tesorería… los otros eran de áreas de asuntos jurídicos”, dijo.

En cuanto a la actual administración, explicó que se investiga a dos personas, una de ellas fue denunciada por el Director de Desarrollo Urbano y la Dirección de Catastro, al detectar que hubo falsedad de documentos. “Ya hay carpeta de investigación y muy probablemente sean inhabilitados. El concentrado total de las denuncias que hay es de 150; 22 fueron del proceso entrega - recepción, 45 ya están en carpeta de investigación”