La Paz, Baja California Sur. – La investigación publicada por el diario de circulación nacional, El Universal, que documentó cómo empresas sancionadas en Estados Unidos por presuntos nexos con “Los Chapitos” lograron contratos con gobiernos estatales y municipales en Sinaloa, Sonora y Baja California Sur (BCS), provocó un inmediato deslinde de las autoridades locales.

Tanto el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío como la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, fueron cuestionados por la prensa sobre los señalamientos que involucran a dependencias de la entidad y al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz, respectivamente. Ambos coincidieron en la misma línea: dicen desconocer el caso.

·        Milena Quiroga Romero: respuestas cortas

Al igual que el gobernador, la alcaldesa de La Paz fue abordada por reporteros tras la sesión solemne del Congreso por el 51 aniversario de la conversión de Baja California Sur en Estado Libre y Soberano. Lejos de ofrecer una entrevista formal, intentó retirarse sin dar declaraciones.

Aun así, al ser rodeada por la prensa, soltó frases breves y contundentes que reflejaron un deslinde inmediato:

“Que se investigue. Que se haga la investigación y se sancione a quien corresponda”.

Con esa declaración buscó zanjar el tema, sin entrar en detalles.

Los cuestionamientos no cesaron. Diario El Independiente le preguntó directamente si sabía de los contratos señalados en la investigación periodística, mismos que incluyen la firma de su exdirector del Oomsapas, Mario Gálvez. La respuesta de la edil fue tajante:

“Para nada”.

El contraste es significativo: mientras Quiroga insiste en no saber nada, los registros de adjudicaciones directas publicados en plataformas oficiales muestran que los convenios sí fueron firmados por el entonces titular del Oomsapas.

La escena fue tensa. La alcaldesa, presionada por los reporteros que la siguieron hasta su vehículo, no aceptó detenerse a conversar y mantuvo la línea del deslinde.

·        Víctor Manuel Castro Cosío: “No tengo antecedentes; si me presentan documentos, lo investigamos”

Por su parte, el gobernador de la entidad, Víctor Manuel Castro Cosío, también negó tener conocimiento de los contratos señalados.

“No tengo. Si me presentan algún contrato lo investigamos de manera inmediata, pero yo no tengo antecedentes de ese tipo de notas. Todas las obras de Baja California Sur se licitan, son licitaciones públicas”, afirmó.

La declaración generó contraste, pues el reportaje de El Universal fue claro en señalar que los contratos no fueron licitados, sino adjudicados de manera directa.

Al insistirle este punto, Castro replicó:

“No sé, habría que presentar… yo desconozco esto sinceramente. Si hubo una compra de salud que puede ser para medicamentos, no descarto la posibilidad de que la Secretaría de Salud, que es la que puede utilizar el fentanilo, lo haya hecho. No creo que nadie más. O sea, sinceramente pues nada más… que definieran bien porque luego tiran la piedra y ni siquiera presentan algún documento, mencionan así en general”.

Ante la precisión de los periodistas de que sí existen documentos y pruebas de esos contratos, el mandatario matizó su respuesta:

“Bueno, nos presentan qué empresas son y en el caso de nosotros, en el caso del Oomsapas es el Ayuntamiento, pero en el caso de finanzas se compraron… nosotros no hacemos medicamentos. Seguramente las que el sector salud utiliza, pero de otro tipo, no. Al contrario, estamos combatiendo con todo el crimen organizado”.

·        Empresas sancionadas y contratos en BCS

La investigación de El Universal acreditó que siete empresas vinculadas a la familia Favela López —señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos como parte de la red de suministro de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa— lograron obtener contratos en México pese a estar bajo sanción internacional.

Entre esas compañías destacan Comercial Viosma del Noroeste, Storelab, Favelab, Marcerlab, Favela Pro, Quilab y Sumilab.

De acuerdo con los registros públicos, de 2018 a 2025 consiguieron 630 contratos por adjudicación directa con gobiernos de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, sumando alrededor de 35.7 millones de pesos.

En el caso de BCS, el Oomsapas de La Paz aparece como una de las instancias contratantes, además de áreas estatales vinculadas con salud y finanzas.

·        Deslindes y vacíos

Las posturas del gobernador y de la alcaldesa dejan más preguntas que respuestas. Ambos coincidieron en negar conocimiento del tema y condicionar cualquier acción a la presentación de pruebas, a pesar de que el reportaje exhibió documentos oficiales de las contrataciones.

Mientras Castro insistió en que “todas las obras se licitan”, los hechos revelan que los contratos señalados fueron adjudicaciones directas. Por su parte, Quiroga aseguró que no sabía nada, pese a que los convenios llevan la firma de su exdirector del Oomsapas.

El caso exhibe la vulnerabilidad de los procesos de contratación en Baja California Sur y revive el debate sobre la falta de controles en las adjudicaciones directas, un mecanismo que en teoría debe usarse de manera excepcional, pero que en la práctica se ha convertido en una puerta de riesgo para la transparencia y la rendición de cuentas.