Estado de México. - Organizaciones ambientalistas denunciaron este martes que diversas iniciativas legislativas y acciones impulsadas por el Gobierno mexicano favorecen a la industria plástica bajo el argumento de promover una “economía circular”, pero en realidad buscan perpetuar la producción de plásticos de un solo uso en el país.

Las agrupaciones advirtieron de que estas medidas contradicen la sentencia judicial de agosto de 2024 que ordenó al Congreso prohibir la producción, distribución y consumo de plásticos de un solo uso, al reconocer su impacto en la salud y el medioambiente.

Entre las iniciativas señaladas figura una que plantea expedir una nueva Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos, la cual abroga la ley vigente actualmente y pospone la prohibición de plásticos de un solo uso hasta 2040.

La propuesta, denunciaron, “funciona como un blindaje” que impide cumplir con el amparo y clasifica los plásticos como “residuos estratégicos”, incentivando su producción.

Otras propuestas cuestionadas excluyen al PET transparente —uno de los materiales más contaminantes— o priorizan el reciclaje y la “valorización energética” sin atender la jerarquía en la gestión de residuos.

Las organizaciones criticaron también a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la que acusaron de promover una ley de economía circular sin transparencia ni consulta pública, mientras impulsa alianzas con grandes corporaciones como parte del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, que incluye un proyecto de parque industrial en Hidalgo.

“Estas iniciativas no son soluciones, son estrategias de ‘greenwashing’ disfrazadas de economía circular. El Gobierno federal y algunos legisladores están cediendo ante los intereses de la industria plástica”, advirtió Viridiana Lázaro, de Greenpeace México.

Según Ana Larrañaga, de El Poder del Consumidor, entre los beneficiados se encuentran grandes corporaciones como Pepsico, Danone, Nestlé, Coca-Cola y Walmart, a través de la agrupación ECOCE, que “opera como fachada para mantener el modelo de producción contaminante”.

Larisa de Orbe, de Acción Ecológica, alertó de que proyectos como el de Hidalgo “condenan a comunidades ya afectadas por la contaminación, como Tula, declarada región de emergencia ambiental y sanitaria”.

Las organizaciones exigieron al Congreso y al Ejecutivo cumplir con el amparo judicial, detener las iniciativas que perpetúan la dependencia al plástico y garantizar la protección de las comunidades afectadas.

“México no puede seguir apostando por falsas soluciones que ponen en riesgo la salud y el futuro del planeta. Es urgente trazar un rumbo hacia verdaderas alternativas que prioricen la justicia ambiental”, concluyeron.