San José del Cabo, Baja California Sur.  El Consejo Coordinador de Los Cabos, la Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios de Los Cabos y la Asociación de Hoteles de Los Cabos llamaron al Congreso a revisar la iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado para garantizar el ideal desarrollo del municipio.

Esto, principalmente enfocado en el desarrollo de vivienda social para las familias de menores ingresos y la certeza jurídica de las tierras e inmuebles.

En voz de una fracción del sector privado y productivo del municipio, Julio Castillo presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos señaló que el gremio reconoce la necesidad de una reforma a la Ley estatal que permita generar condiciones para atender el déficit en la vivienda, que además debe alinearse al Programa nacional de vivienda que impulsa el Gobierno de México. 

"Es importante destacar que desde hace varios años la problemática de la vivienda social en Los Cabos ha estado en la agenda del sector empresarial. Sin embargo, se considera que la iniciativa, tal como está escrita, deja vacíos y ambigüedades que podrían prestarse a malas prácticas en el futuro", señalan.

No obstante, consideran que la propuesta actual planteada por el Gobernador de Baja California Sur Víctor Manuel Castro Cosio, dará pie a decisiones discrecionales que afectarían tanto a la ciudadanía como a quienes invierten en Los Cabos; por ello proponen una revisión del texto legislativo.

Ven necesario que antes de dictaminar, se abran espacios de análisis y discusión conjuntas así como de ajuste a la iniciativa. "Este proceso permitirá fortalecer la reforma, blindarla jurídicamente y garantizar que cumpla con su propósito social, sin poner en riesgo su objetivo, la seguridad jurídica".

El Consejo Coordinador de Los Cabos refrendó su disposición de aportar propuestas, participar en mesas técnicas y acompañar la identificación de terrenos viables para los referidos y otros programas de vivienda social, siempre en un marco de respeto a la Constitución y con apego al principio de legalidad.

Entre los puntos de mayor urgencia a atender se encuentran: el respaldo social para la generación de vivienda asequible; el reconocimiento de la figura de polígonos; blindaje legal integral; respeto a competencias municipales y garantías de legalidad y transparencia.