La Paz, Baja California Sur. - El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó una iniciativa de la diputada Cristina Contreras Rebollo para incorporar la perspectiva intercultural en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que se asegure una atención equitativa e integral a las mujeres de origen indígena y afromexicanas que puedan padecer algún tipo de violencia.

El proyecto de decreto presentado por la Comisión de Igualdad de Género, adiciona y reforma diversos artículos de la ley, del que destaca que la Procuraduría General de Justicia del Estado, deberá especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos y personal que atiende a víctimas, a través de programas y cursos permanente en derechos humanos, género y perspectiva intercultural, previsto en el artículo 30.

Especifica que, entre las obligaciones de cualquier autoridad de atender de manera inmediata, los casos de violencia en contra de mujeres con discapacidad, de la tercera edad, menores, también deberá atender los de afromexicanas o pertenecientes a cualquier otro grupo vulnerable (artículo 42).

También refiere que los refugios que se instalen desde la perspectiva de los principios rectores de la referida ley, contarán con personal debidamente capacitado y especializado en la materia.

Así también establece que el Programa Integral Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres deberá garantizar la aplicación de la perspectiva de género e intercultural, según el caso del que se trate.

“Tenemos la oportunidad del saldar una deuda histórica y enviar un mensaje claro de respeto a la diversidad y compromiso con la igualdad sustantiva”, dijo la iniciadora a sus homólogas y homólogos.

Se adiciona a la ley el concepto de Perspectiva Intercultural, entendido como “una herramienta que enfoca, visibiliza, reconoce y atiende las asimetrías sociales orientada a valorar la diversidad cultural, lingüística y condiciones de identidad de las mujeres, con especial atención a mujeres indígenas y afromexicanas, garantizando su acceso equitativo a derechos y servicios…”.