Estado de México. - La organización Propuesta Cívica presentó cuatro amparos en contra de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025.

Según la agrupación, la normativa podría vulnerar los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.

La principal preocupación se centra en el artículo 51, párrafo segundo, que prohíbe de manera absoluta la difusión de información relacionada con productos, métodos, registros u operaciones de inteligencia, expuso la organización en un comunicado.

“Esta restricción representa una forma de censura previa, pues impide de manera anticipada y generalizada la divulgación de información de posible interés público”, explicó Propuesta Cívica.

La organización señaló que la redacción ambigua de la ley “abre la puerta a una discrecionalidad excesiva por parte de las autoridades, lo que coloca en riesgo a periodistas de investigación frente a posibles represalias legales derivadas del legítimo ejercicio de su labor”.

Además, indicó que esta disposición contraviene el principio de máxima publicidad de la información, establecido en la Ley General de Transparencia, y resulta incompatible con la Constitución mexicana —artículo 7— y la Convención Americana sobre Derechos Humanos —artículo 13—, que “prohíben expresamente la censura previa y garantizan la libre circulación de ideas e información”.

Propuesta Cívica hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación para que, al resolver los amparos, tome en cuenta estándares nacionales e internacionales.

“Los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, garantizando que la seguridad pública no se convierta en pretexto para limitar indebidamente el derecho a informar y ser informado en una sociedad democrática”.

La organización es una institución mexicana con más de 14 años de trayectoria dedicada a la defensa de la libertad de expresión y a la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.