Estado de México. - México incumple sus compromisos internacionales al presentar en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF), el monto más bajo en 21 años para la administración y operación de las áreas naturales protegidas, alertó Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA).

La coalición de organizaciones ambientalistas, de la que forman parte Causa Natura, Defensa Ambiental del Noroeste y Wildlands Network, entre otras, advirtió que el recorte en el presupuesto de tres por ciento en términos reales, en comparación con 2025, equivalente a 34 millones de pesos, deja en estado de vulnerabilidad a las 232 áreas naturales protegidas de México, que abarcan 98 millones de hectáreas. 

En su análisis, NOSSA explicó que que la asignación de mil 2 millones de pesos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para el próximo año, sólo permitiría una inversión pública de 10.22 pesos por hectárea, en el 11.76 por ciento de la superficie terrestre y el 23.78 por ciento de la superficie marina del país. 

“Esta disminución forma parte de un recorte más amplio del cuatro por ciento (real) al presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respecto al 2025, que equivale a una reducción de mil 859 millones de pesos, lo que muestra que la protección ambiental no es una prioridad para el Estado Mexicano, pese a la crisis climática global y los compromisos internacionales adquiridos", manifestó.

NOSSA destacó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), responsable de tareas esenciales como la inspección, vigilancia de las áreas naturales protegidas y la procuración de la justicia ambiental, también resulta afectada con una reducción de 41.8 millones de pesos (-4.8 por ciento real) respecto al 2025. 

"Esto debilita la capacidad del país para cumplir con acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú.Esta situación revela una contradicción alarmante: mientras México se ha comprometido a proteger el 30 por ciento de su territorio para 2030, en la práctica desmantela el sistema que constituye la columna vertebral de la conservación", indicó.

NOSSA agregó que esta decisión erosiona la capacidad nacional para cumplir no sólo con sus metas ambientales globales, sino también con el Artículo 4º Constitucional, que establece el derecho a un medio ambiente sano y la obligación del Estado de asignar recursos suficientes de manera progresiva.

Al respecto, Gina Ileana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México señaló que las prioridades de un gobierno no se miden por sus discursos, sino en el presupuesto que se asigna.

"Sus valores e intenciones se reflejan con crudeza en las partidas que elige financiar o abandonar. Y la evidencia es alarmante; el presupuesto para las áreas naturales protegidas lleva dos décadas en declive", subrayó.

Frente a este escenario, y ante el inicio de la discusión del PPEF en la Cámara de Diputados, la coalición NOSSA puntualizó que en el primer presupuesto elaborado íntegramente por la nueva administración federal no refleja un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, ya que no muestra un incremento real destinado a este rubro. 

"La coalición considera indispensable asignar un presupuesto digno a las áreas naturales protegidas, ya que representan una inversión estratégica para el futuro y el bienestar de la sociedad mexicana.

Para enriquecer este debate, NOSSA publicará en octubre próximo su informe anual 'Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el PPEF 2026', con evidencia y propuestas concretas", remató.