Estado de México. - La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que impulsó la reforma para combatir la extorsión, aprobada por el Congreso, porque frenaba la inversión y generaba pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos anuales a las empresas.

“Reconocemos a las y los legisladores del Congreso de la Unión por aprobar la reforma al artículo 73 de la Constitución que faculta la creación de una Ley General en materia de extorsión”, dijo el organismo dirigido por Juan José Sierra Álvarez.

Según el sindicato patronal, la aprobación de la ley para combatir a la extorsión permitirá establecer un marco legal uniforme en todo el país para enfrentar un delito que, durante años, ha dañado a millones de personas.

“Como impulsores de esta reforma, reconocemos que nuestras propuestas han sido incorporadas en los dictámenes aprobados”, dijo.

En septiembre de 2023, la Coparmex presentó iniciativas y argumentos técnicos para dotar al Congreso de las herramientas necesarias que permitan coordinar a los tres niveles de gobierno en la persecución de este delito, establecer penas claras y eliminar las llamadas puertas giratorias que hoy permiten que quienes extorsionan continúen operando con impunidad.

“Durante las sesiones de debate, legisladoras y legisladores citaron los datos presentados en nuestro Monitor de Seguridad, donde documentamos que en el primer semestre de 2025 se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión, la cifra más alta en registros oficiales y 83 por ciento superior a la de hace diez años”, expresó.

La Coparmex recordó que la extorsión es el delito que más lastima a los negocios, especialmente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que generan el 65 por ciento de los empleos formales en México.

Los resultados de Data Coparmex 2024 indican que el 12.8 por ciento de los socios han sido víctimas de la extorsión, principalmente por vía telefónica (70.5 por ciento).

“Cada día, 32.3 personas en promedio son afectadas, lo que provoca pérdidas económicas, frena proyectos productivos y limita el crecimiento económico en regiones enteras”, apuntó.

La nueva facultad del Congreso para emitir una ley general permitirá articular una estrategia integral que contemple protocolos de atención a víctimas, fortalecimiento de las Unidades Antiextorsión locales, uso de inteligencia criminal, sanciones ejemplares y mecanismos de prevención, señaló.

Indicó que, con este marco jurídico, será posible cerrar el paso a los grupos que operan bajo la ley que hoy encuentran en la extorsión una de sus principales fuentes de financiamiento.

“Valoramos que la reforma contemple acciones coordinadas entre la Federación, los estados y los municipios, así como la incorporación de herramientas tecnológicas y análisis de datos para desmantelar redes de extorsión”, expuso.

Dijo que la ley deberá incluir atención diferenciada para las regiones donde predominan prácticas como el “cobro de piso” y para las víctimas de extorsión telefónica, quienes requieren operadores capacitados en manejo de crisis y canales digitales de denuncia seguros y efectivos.

“Reiteramos que la prevención y la educación en valores son esenciales para reducir este delito”, agregó.

 “La ley debe acompañarse de campañas nacionales que fortalezcan la cultura de la legalidad y promuevan la denuncia, a fin de reconstruir el tejido social y consolidar el Estado de Derechos que México necesita para garantizar seguridad, atraer inversiones y generar empleos formales”, según la organización.

“En Coparmex seguiremos colaborando con los Congresos locales para lograr la ratificación de esta reforma y con el Congreso de la Unión en el diseño de la ley general”, dijo.

“Estaremos atentos y participando para que, una vez aprobada la reforma constitucional por la mayoría de los Congresos locales, el Ejecutivo Federal presente con apremio la iniciativa correspondiente de Ley General”, señaló.