Estado de México. - Con la condena unánime de lo que llamaron “el impuesto del crimen” y una pesadilla generalizada para comerciantes, ciudadanos y autoridades locales, las seis bancadas de la Cámara de Diputados aprobaron la reforma contra la extorsión. 

El dictamen -avalado por 474 votos a favor de igual número de legisladores presentes, 0 abstenciones y 0 en contra- se envió a los senadores para continuar con el proceso legislativo; también irá a los congresos estatales por tratarse de un cambio constitucional. 

“Son estructuras criminales que han hecho un imperio delictivo a partir de la extorsión”, definió el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT), ex subsecretario federal de Seguridad. 

“A los grupos delictivos que han hecho de la extorsión su negocio, les decimos, ¡su modelo se les acabó! ¡Vamos por sus rutas, sus cobradores, sus jefes de plaza y su dinero, con la ley, con inteligencia y con Estado presente!”, amagó el petista. 

La oposición, sin embargo, lamentó el desdén que desde las autoridades federales persiste hacia las víctimas, alertando que la propuesta presupuestal de 2026 no prevé recursos para afrontar este delito y, por el contrario, observa un recorte de 10 mil millones de pesos en seguridad con respecto al ejercido este año. 

La diputada Annia Gómez (PAN) sostuvo que la paz no se decreta, sino se construye “con jueces que resuelvan con independencia, no con consignas; con un gobierno que acompañe a las víctimas, en lugar de mandarlas a marcar un número de teléfono (…); y con un presupuesto real en materia de seguridad”. 

Pero, continuó la panista en tribuna, “acaba de llegar el paquete de Presupuesto para 2026, que trae una importante reducción de más de 10 mil millones de pesos en materia de seguridad”. Llamó a la mayoría a darle reversa a ese recorte para invertir en serio en los cuerpos policiales.

Un delito creciente

El dictamen otorga facultades al Congreso de la Unión para establecer un marco jurídico que ordene a nivel nacional los castigos y las medidas para abatir el también denominado cobro de derecho de piso. 

En sus posicionamientos, los diputados de la mayoría oficialista reconocieron que se trata del delito que más ha crecido en los últimos años. debido a la impunidad bajo la cual se comete por grupos criminales que de esa manera están desafiando al Estado mexicano. 

Se dijo que se trata de una práctica criminal que suma pérdidas para sus víctimas por 26 mil millones de pesos al año, una cifra equivalente a 71 millones de pesos diarios que alimentan a las redes criminales.

“En 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones, a enero de 25 ha aumentado a 29, lo que representa un incremento del 58 % en tan solo 6 años”, describió el diputado Leonel Godoy (Morena). 

La diputada Carmen Bernal (PT) enfatizó que tan solo entre enero y julio del 2025 se registraron 6 mil 880 víctimas del delito de extorsión, la cifra más alta en al menos seis años.

Son los criminales

“No se trata de un problema aislado, se trata de un sistema delictivo que se ha convertido en un verdadero impuesto criminal, que paraliza la economía, debilita el tejido social y golpea, sobre todo, a quien menos tiene”, definió la parlamentaria petista. 

Su compañera de bancada Lilia Aguilar Gil destacó que la cifra negra es de 96 %, porque según reportes oficiales, sólo se denuncia el 4 por ciento de estos delitos en alguna de sus modalidades. 

“El 47.9 % de los casos de extorsión no llegó a ningún puerto. La gente piensa que, en este país, desgraciadamente, la maldita herencia neoliberal de que el que la hace no la paga se sigue repitiendo, porque la gente piensa que denunciar es una pérdida de tiempo, o hay desconfianza en las autoridades”, asumió la legisladora Aguilar.  

La diputada Ruth Silva (PVEM) describió: “La extorsión se ha convertido en una verdadera pesadilla para comerciantes, transportistas, campesinos, adultos mayores, a las mujeres que sostienen sus hogares con trabajo honesto, así como con ciudadanos que han sido víctimas de amenazas telefónicas, exigencias por protección y chantaje por parte de organizaciones delincuenciales. El fondo es el mismo: el despojo, el miedo, la violencia invisible que paraliza familias, negocios y comunidades enteras”. 

Alcaldes son victimas

Del PVEM, Ricardo Astudillo señaló que, en 2023, de los cerca de 5 millones de casos de extorsión, más de un millón 200 mil recayó en comercios. “Más de 120 mil millones de pesos pagados a estos actos delictivos; casi el 70 % fueron pagados. De ese tamaño es la extorsión que tenemos el día de hoy en nuestro país”.

Al explicar el contenido de esta reforma que modifica un apartado del Artículo 73, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Godoy confió en que el segundo paso consistirá en formular una legislación que, entre otras innovaciones, permita la denuncia anónima de la extorsión y ésta se persiga de oficio. 

Admitió el diputado Godoy que “en muchas partes del país también se está dando a nivel de cargos en los ayuntamientos de los estados; fundamentalmente aquellos municipios de los más pequeños, que tienen menos capacidad de resistir las presiones del crimen organizado”.

Por el PRI, la diputada Nadia Navarro, abundó al respecto: “Este delito afecta tanto a ciudadanos de a pie como a gobiernos municipales”. 

Detalló la priista que, en Puebla, de enero a julio, se reportaron cinco casos de ediles que han recibido llamadas de penales de Jalisco y del estado de México, según declaraciones de funcionarios del gobierno del estado. 

Le ponen nombre y apellido 

Como lo hizo la mayoría de los oradores, citando casos conocidos, la mexiquense Xóchitl Zagal (Morena) contó que, en el municipio de Nicolás Romero, el cartel Jalisco

Nueva Generación extorsionó al albergue Pergatuzoo, con la amenaza de matar animales si no pagaban 50 mil pesos al mes para dejarlos operar.

“En el caso del estado de México, se han detectado al menos nueve grupos criminales que se hacen pasar por sindicatos para extorsionar a diversos sectores económicos, principalmente al transporte público, al ramo de la construcción y al comercio. También se tiene conocimiento de que 25 agrupaciones, como el cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, el Sindicato Libertad, la Organización Sindical Unión 30, Sindical Los Mayas, Sindical Sientededos, organizaciones nacionales, ACME, entre otros”, enumeró. 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) dijo que el grupo más extorsionador en México en La Familia Michoacana, al grado que “al alcalde que no se subordina, lo asesinan”. 

El legislador petista señaló también a la Unión Tepito que, remarcó, en la Ciudad de México aplica el cobro de derecho de piso contra transportistas y comerciantes. 

Oposicion espera dialogo y escucha

Los diputados del PAN, PRI y MC manifestaron su expectativa de que en la formulación de la ley en la materia sea resultado de un proceso abierto que integre a las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y expertos. 

“Elevar la materia de extorsión al artículo 73 permitirá que se expida en lo sucesivo la ley general que unifique el tipo penal, agravantes y sanciones, y que obligue a coordinar prevención, investigación, atención de víctimas en los 3 órdenes de gobierno. Esa será la ruta correcta: reglas parejas y coordinación real, y no simulación y engaño, como pasó en los últimos años, en los que se cobijaba a los delincuentes con la frase lamentable de abrazos y no balazos”, expuso el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN).