Estado de México. - El escándalo de dos exfuncionarios del estado de Tabasco, sureste del país, ligados al narcotráfico y ahora prófugos, ha añadido tensión a la relación México-EE.UU. que creció con las amenazas del presidente Donald Trump de enviar tropas al otro lado de la frontera para atacar a los carteles.

En el ojo del huracán de esta polémica, está el actual coordinador del Senado mexicano, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación (Interior), Adán Augusto López Hernández, un hombre cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y su entonces secretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena.

Según el semanario mexicano Proceso, en su edición de hace dos semanas, los vínculos criminales de los exfuncionarios fueron reportados en 2022 por los servicios de inteligencia del Estado mexicano durante el gobierno de López Obrador, cuando López Hernández era secretario de Gobernación de México.

Bermúdez Requena, conocido como ‘El Comandante H’, fue designado secretario de Seguridad en el estado de Tabasco (sureste) en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y se le acusa de ser uno de los líderes del grupo delincuencial ‘La Barredora’, una célula criminal vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado 22 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra Bermúdez Requena, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

Sheinbaum sale al paso

Ese mismo día, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó en su rueda de prensa matutina, que desde octubre de 2024 el Gobierno federal ha estado cooperando con el estado de Tabasco en la investigación del exfuncionario.

Según la información de inteligencia, Bermúdez Requena habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

Con los señalamientos en su contra por haber sido su “jefe”, López Hernández tuvo que enfrentar las primeras acusaciones de que él sabía todos los movimientos de Bermúdez Requena y los opositores comenzaron a decir que era “su García Luna”, en referencia al exsecretario de Seguridad, ahora preso en Estados Unidos por corrupción, del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

Sheinbaum explicó ese día y en días posteriores que para acusar a López Hernández “tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”.

“No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”, sentenció la presidenta.

Días más tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Bermúdez Requena así como de empresas relacionadas, socios y familiares.

También explicó que, de manera simultánea, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, vinculadas a familiares del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

En tanto el periódico estadounidense The New York Times publicó, el 1 de agosto, que la presidenta Sheinbaum enfrentaba por un lado los escándalos de corrupción y complicidad de funcionarios con el crimen organizado y por otro, las presiones de seguridad de Trump, quien exige combate frontal contra los cárteles.

Su información indicó que dos hombres nombrados por López Hernández en Tabasco, un secretario de Seguridad y un jefe de la Policía estatal, son buscados por el Gobierno mexicano y la Interpol, acusados de dirigir un grupo criminal implicado en el narcotráfico.

López Hernández se defiende

Hace una semana, en el Senado mexicano, López Hernández expresó que no necesitaba escudarse “en el fuero para acudir al llamado o al citatorio de alguna autoridad, local o federal” y dijo que hasta el momento no hay ninguna denuncia en su contra y que enfrenta una campaña de desinformación sin fundamento.

Y defendió que Bermúdez Requena “no inició conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca, durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha”.