La Paz, Baja California Sur.– El diputado local Venustiano Pérez Sánchez anunció que gestionará ante el Congreso de la Unión una reforma a la Ley de Hidrocarburos para que se reconozca como lícito el transporte de combustible en comunidades rurales de Baja California Sur (BCS), donde no existen puntos autorizados de venta.

Esto, luego de que se reavivara el debate por la detención de pescadores en San Andresito, quienes fueron acusados por trasladar combustible destinado a sus embarcaciones. El legislador subrayó que no se puede llamar delincuentes a ciudadanos que llevan combustible por necesidad.

“Es un tema que ya habíamos advertido. En comunidades donde el punto de venta más cercano está a más de 100 kilómetros, como en San Juanico o La Purísima, la gente no tiene otra opción que transportar el combustible en bidones. No es huachicol, es sobrevivencia”, sentenció.

Pérez Sánchez explicó que si bien la Ley de Hidrocarburos fue creada para combatir el robo de combustible a gran escala, en el caso de Baja California Sur se requiere una excepción legal que considere las particularidades geográficas y sociales del estado.

El diputado dijo que existen múltiples sectores afectados por esta criminalización: pescadores, ganaderos, agricultores, empresarios de maquinaria pesada e incluso corredores de autos.

“Hay empresas que llevan diesel a la sierra para operar maquinaria que gasta miles de litros diarios. No pueden estar yendo a cargar todos los días. Lo mismo pasa con actividades primarias que sostienen la economía local. Son ciudadanos que justifican la compra del combustible y su uso productivo”, señaló.

Añadió que no hay incentivos para que empresarios instalen estaciones de servicio en comunidades alejadas, lo que agrava el problema.

Venustiano Pérez adelantó que en los próximos días viajará al Congreso de la Unión para presentar formalmente la propuesta, llevando testimonios y casos reales de sudcalifornianos afectados.

“No buscamos abrir la puerta al huachicol, sino cerrar la puerta a la injusticia. Vamos a plantear con claridad la urgencia de incorporar una salvedad que reconozca el origen lícito del combustible y el uso legítimo por parte de quienes lo transportan por necesidad”, enfatizó.

"La ley no puede usarse como garrote contra quienes trabajan para vivir. No es justo. Vamos a seguir alzando la voz hasta que esta injusticia se corrija", concluyó.