• Las reformas incorporan el financiamiento al terrorismo y amplían el alcance de la ley mediante nuevas definiciones clave, como beneficiario controlador y persona políticamente ex-puesta.
Fotogalería
Estado de
México. - El Senado de la República aprobó el miércoles reformas a la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo
de fortalecer la supervisión financiera y prevenir el lavado de dinero.
Los cambios
aprobados con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones se da en un
contexto marcado por los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas.
El dictamen
avalado busca reforzar la coordinación interinstitucional para investigar
y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los
cambios más relevantes, se amplía el objeto de la ley para incluir el
financiamiento al terrorismo, se introducen nuevas definiciones clave
—como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta— y se obliga a
las entidades que realicen actividades vulnerables a identificar,
monitorear y reportar transacciones sospechosas.
El dictamen
aprobado persigue mejorar la colaboración entre la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), la Guardia Nacional y otras autoridades nacionales e
internacionales para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo.
Establece
facultades para que participe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en la supervisión de las
actividades vulnerables y exige a las entidades del sector
financiero utilizar sistemas automatizados para el continuo monitoreo
de sus operaciones con clientes de alto riesgo.
Asimismo, amplía
de cinco a diez años el plazo de conservación de documentación relevante y
permite auditorías proporcionales al nivel de riesgo.
En materia
penal, se modifica el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y se
mantiene la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera como
instancia denunciante en casos de uso del sistema financiero para actividades
delictivas.
El presidente
de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral Jurado, destacó que la
reforma no tiene carácter persecutorio, sino preventivo, y busca
impedir que los recursos ilícitos contaminen al sistema financiero nacional.
Además,
reiteró que estas adecuaciones responden a compromisos internacionales asumidos
por México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El miércoles,
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo señalamientos contra CI
Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por supuestos vínculos con
operaciones ilícitas.
Las
instituciones rechazaron los señalamientos, mientras la Secretaría de Hacienda
explicó que, aunque el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia
Financiera, no ha entregado pruebas que respalden los vínculos entre
las instituciones y delitos financieros.
Hasta ahora,
las entidades y el Gobierno mexicano han precisado que las únicas evidencias
verificables son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y
firmas chinas legalmente constituidas, en el contexto de un comercio
bilateral superior a los 139.000 millones de dólares anuales.
La reforma
aprobada será enviada a la Cámara de Diputados para su debate y posible
aprobación.