La Paz, Baja California Sur.- Tras el violento ataque armado ocurrido el pasado domingo en la comunidad de Puerto San Carlos, donde murieron seis personas y una más resultó herida, el abogado de las víctimas —exelementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en retiro— afirmó que sus representados no tenían vínculos con actividades ilícitas y únicamente brindaban un servicio de protección a una empresa legalmente establecida.

De acuerdo con la declaración del abogado, los exmilitares estaban contratados por una empresa privada de seguridad para custodiar un predio perteneciente a una cooperativa local. Los trabajadores arribaron al sitio el 17 de mayo y ese mismo día comenzaron a recibir amenazas. Un día después, el 18 de mayo, alrededor de las 13:30 horas, alrededor de 11 trabajadores fueron atacados por un grupo de civiles armados con rifles de alto poder, sin que mediara provocación alguna.

“Se trataba de un trabajo lícito. Estaban ahí para proteger un inmueble, no para enfrentarse a nadie. Todos contaban con el permiso legal para portar armas personales, de acuerdo con su grado de retiro del Ejército”, aseguró el representante legal.

El abogado también explicó que, por ley, los elementos en retiro pueden portar armamento para su protección personal, y todos los involucrados estaban registrados ante la Sedena. “Estaban realizando actividades normales del servicio cuando fueron emboscados. Es falso que estuvieran involucrados en algún grupo delictivo”, subrayó.

Tras el ataque, una persona resultó gravemente herida, aunque actualmente se encuentra estable y con buen pronóstico, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones.

La empresa de seguridad para la que laboraban los exmilitares ha estado en contacto con las familias, brindándoles apoyo e información. En tanto, las autoridades acudieron al llamado de auxilio, brindando seguridad para el traslado de los sobrevivientes a la agencia del Ministerio Público.

El abogado hizo un llamado urgente al Estado para reforzar la seguridad en la zona, particularmente en el sector pesquero, donde —aseguró— hay reportes constantes de extorsiones, secuestros y cobros de piso. “Se está viendo rebasado el Estado. Hace falta mayor presencia y protección en comunidades como Puerto San Carlos, donde la delincuencia ha ganado terreno”, concluyó.