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Hoy es viernes, 4 de octubre de 2024

Ex funcionario de Los Cabos es investigado por enriquecimiento ilícito: Fiscalía Anticorrupción

• La persona habría adquirido un inmueble con valor superior a los 4 millones de pesos; fue denunciado por un ciudadano

Ex funcionario de Los Cabos es investigado por enriquecimiento ilícito: Fiscalía Anticorrupción

 

 

San José del Cabo, Baja California Sur. En reciente visita al municipio de Los Cabos, el Fiscal Estatal Anticorrupción de Baja California Sur (BCS) reveló que un ex servidor público de Los Cabos es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, el fiscal destacó que la investigación partió de una denuncia ciudadana.

 

Lennín Ortíz Amao titular de la Fiscalía explicó que aunque el enriquecimiento ilícito ya era un delito en Baja California Sur, la ley tenía un "candado" para evitar que los funcionarios fueran investigados, pero recientemente a través de una reforma se logró retirar este impedimento.

 

"El enriquecimiento ilícito es un delito que se traduce a la riqueza inexplicable, para el servidor público corrupto que entra pasa por servicio público y sale siendo un exitoso empresario y se sabe que un sueldo de funcionario público no te da para ser millonario y eso se ha normalizado en este país, en el estado y el municipio", explicó.

 

Destacó Ortíz Amao que sería la primera ocasión a nivel estatal que una denuncia de este tipo de frutos, pues la denuncia la realizó un ciudadano anónimo, quien proporcionó datos que resultaron efectivos y propiciaron la investigación del caso. 

 

"Tuvimos el valor de una denuncia anónima por la cual se aperturó la carpeta en donde nos dan datos de un servidor público que compra un departamento de 4 millones de pesos y lo pone a nombre de otra persona para simular que no es de él y esta información ya es parte de la investigación y al día de hoy robustecimos ya la denuncia" indicó el fiscal.

 

Considera Ortíz Amao que el caso es sólido y muy pronto podría estarse judicializando el caso. En ese sentido, el ex funcionario sería acusado del delito y el bien adquirido - con valor superior a los 4 millones de pesos - podrá regresar a la ciudadanía.