San José del Cabo, Baja California Sur. El combate al pirataje de transporte en Los Cabos será atendido mediante operativos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales, luego de una reunión en la que se acordaron acciones para reforzar la supervisión y detectar la prestación irregular del servicio.

El diputado de Baja California Sur, Omar Torres, informó en entrevista que a partir del 15 de agosto se buscará trabajar de manera conjunta en las inspecciones, principalmente en los puntos donde se ha identificado una mayor incidencia. La intención, explicó, es que en aproximadamente un mes se realice una nueva mesa de trabajo para evaluar los resultados y establecer mecanismos permanentes de colaboración.

Uno de los principales planteamientos es que el Gobierno de Baja California Sur pueda participar, mediante un convenio con la Federación, en labores de supervisión, inspección y sanción de permisionarios federales. Torres señaló que actualmente existe una limitación de personal para realizar estas tareas directamente en territorio, pese a que en Los Cabos se han otorgado alrededor de mil 600 permisos vehiculares federales.

“Esto no deja de ser un tema de voluntad y tenemos la voluntad política tanto desde la instancia federal, como desde la parte del Estado y también por parte del municipio de Los Cabos”.

El legislador también planteó que, mientras se revisa la capacidad del servicio, no se otorguen por el momento más permisos federales para evitar una mayor saturación. El objetivo, precisó, no se limita a una modalidad específica, sino que contempla combatir el pirataje en las distintas formas de transporte que operan en el municipio.

El esto ocurre a unas semanas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara recientemente disposiciones del Reglamento de la Ley de Transporte de Baja California Sur que imponían requisitos adicionales a empresas de autotransporte federal. La SCJN determinó que la regulación de este tipo de transporte corresponde únicamente al ámbito federal, por lo que el Estado no puede establecer permisos o registros adicionales que invadan esa competencia.

Ante este escenario, Torres sostuvo que la intención no es contravenir el fallo de la Corte, sino encontrar una vía legal de coordinación entre ambos niveles de gobierno. “Lo que se pide es que se respeten las condiciones para que pueda mejorarse a nivel estado”, señaló el diputado, quien agregó que también se busca revisar la operación del transporte mediante plataformas digitales para evitar que se convierta en otra vía de prestación irregular del servicio.