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Hoy es domingo, 25 de septiembre de 2022

Realidad de BCS

Exdiputados ponen sus barbas a remojar ante auditoría administrativa que realiza el Congreso a la anterior legislatura. La auditoría costará alrededor de 800 mil pesos y arrojará resultado en cuatro meses. Necesario deslindar responsabilidades administrativas o penales antes del proceso electoral del 2024.




Las actividades en el Congreso del Estado se intensifican conforme avanza el actual periodo de sesiones, sin embargo, aún está pendiente de realizar la auditoría a la administración de la pasada legislatura.


Los actuales diputados integrantes de la décimo sexta legislatura, revisan el rezago legislativo heredado de la décimo quinta legislatura, pero también buscan esclarecer sin lugar a dudas, si hubo o no irregularidades en el manejo del recurso económico del Congreso estatal.


Como se sabe el poder legislativo tiene su respectiva dirección de finanzas en donde según se ha dicho en reiteradas ocasiones se registraron irregularidades que tendrán que quedar demostradas mediante una auditoría externa.


Esta ya fue ordenada y se espera que la actual legislatura pague alrededor de 800 mil pesos por esta labor que permitirá dejar en claro de manera detallada si hubo o no irregularidades y por supuesto posterior a ello ver si es posible hacer el deslinde legal correspondiente.


Establecer si los hoy ex diputados locales encargados del manejo del dinero del Congreso del Estado, entre ellos Ramiro Ruiz y Rigoberto Murillo y quienes fungieron como responsables de estas áreas tienen responsabilidad administrativa o penal, es una de las pretensiones de hacer esta auditoría.


Vale decir que en la pasada legislatura, los diputados se enfrascaron en una lucha interna de poder que frenó de manera importante la labor estrictamente legislativa y puso en duda el manejo de las finanzas.


Entre los temas legislativos que quedaron pendientes como consecuencia de esas diferencias fueron las nuevas leyes de movilidad, transporte y por supuesto la electoral.


Los actuales diputados han señalado que atenderán es rezago legislativo lo más pronto posible, pero al mismo tiempo tratarán de dejar en claro qué pasó con la administración y aplicación de los recursos económicos con los anteriores legisladores.


Baja California Sur merece que se establezca con claridad esta situación pues no es de extrañarse que quienes participaron en la legislatura anterior intenten participar en los próximos procesos electorales por lo que es necesario que se esclarezca esta situación.


Está claro que también de los nuevos representantes populares que laboran ahora en el poder legislativo saldrán algunos aspirantes a las alcaldías, diputaciones federales e incluso las senadurías, pero entre los ofrecimientos que hicieron a los electores el año pasado, está precisamente el dejar en claro cómo ejerció el dinero el poder legislativo que trabajó del 2018 al 2021.


Al respecto el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estrado, diputado José María Avilés ya informó que es muy posible que esta revisión a la administración de la pasada legislatura quede lista hasta dentro de tres o cuatro meses, por lo que no falta mucho para saber si habrá elementos para fincar responsabilidades a exdiputados y exfuncionarios del poder legislativo.


Que quede claro este asunto es parte del compromiso de los actuales legisladores por lo que al cumplir con esta encomienda, les permitirá junto con la labor legislativa, llegar al futuro proceso electoral del 2024 con la calidad moral y política que permite la congruencia entre el ofrecer y brindar resultados a la población.


Por supuesto, ya hay varios ex integrantes de la décimo quinta legislatura que ya pusieron sus barbas a remojar.


Ya veremos hasta dónde repercute el resultado de la auditoría que hoy se practica a las áreas administrativa de la pasada legislatura.


Ya veremos.