Matar a la investigación ¿necesario? La reforma constitucional al artículo 3º y 73 abrieron la posibilidad para que el legislativo modifique la actual Ley de Ciencia y Tecnología, y con ello formular una Ley General de Ciencia y Tecnología, y pasar de una ley Federal a una Ley General tiene implicaciones, que impactan en todos los niveles de la administración pública en México, al pasar de la regulación del ámbito federal a incidir en las políticas de ciencia y tecnología de las entidades federativas y municipios.

En principio pareciera que ello podría tener beneficios para la sociedad en general, pero es evidente que el desarrollo regional y por entidad federativa sigue siendo diferenciado, los gobiernos estatales en el ámbito de sus capacidades y políticas propias de desarrollo, deciden, formulan y aplican políticas enfocadas a impulsar, mejorar o limitar actividades con el fin de potenciar los beneficios de las comunidades o de ciertos sectores económicos. O por el contrario malas decisiones o malintencionadas, pueden expandir las brechas de desigualdad o generar beneficios para unos pocos.

Al proyectar una posible ley general para el sector de ciencia, tecnología e innovación, se abre las puertas para que suceda lo primero, la búsqueda efectivamente del bienestar general de la nación o dar cabida a decisiones erróneas, producto de caprichos o visiones limitadas a mejores tiempos o sin el sustento de un diagnóstico preciso y acorde a la realidad de las regiones tan desiguales con las cuales hoy México cuenta.

En los últimos meses, hemos presenciado ajustes a la Ley de Ciencia y Tecnología y un sector encabezado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) siendo protagonista de noticias caracterizadas más por sus ajustes, dudas y manifestaciones de grupos de académicos que por sus logros o resultados.

El primer de dichos ajustes a la Ley de CyT fue la eliminación de la figura de los Fideicomisos, siendo uno de los pocos sectores que preveía no sólo en la Ley sino en un lineamiento propio de los mismos, un manejo transparente y auditado tanto a nivel de sus órganos reguladores como de la Auditoría Superior de la Federación. El impacto de la eliminación más que abonar a la transparencia y rendición de cuentas, eliminó la posibilidad y flexibilidad que tenían los Centros Públicos de Investigación de realizar proyectos de investigación multianuales, no sujeta a las restricciones o limitaciones normativas, presupuestarias y políticas a las cuales se sujeta la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El CONACYT argumento que los recursos no se perderían y que estos se verían reflejados en las convocatorias y proyectos que mantendrían esta condición de multianual, sin embargo, la realidad en los pocos meses del ajuste, aún no muestra claridad o certeza sobre los dichos institucionales y los rumores y artículos más recientes, aún deparan sorpresas pocos claras para el sector.

Entre las noticias que hemos visto circular, destacan dos que parecen preocupar al sector y en particular a quienes integran los Centros Públicos de Investigación, siendo uno de estos, uno que reside y ha formado parte de la historia de nuestro estado desde hace más de cuatro décadas, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, CIBNOR. Esta noticia tiene que ver con la posibilidad de que los trabajadores que forman parte del Sistema de Centros Públicas de Investigación pasen del apartado A de la Ley Federal del Trabajo, al apartado B. La segunda de estas noticias tiene que ver con los ajustes al Sistema Nacional de Investigadores, mejor conocido como el SNI.

·         Las implicaciones laborales afectarán a muchos investigadores locales

Las implicaciones laborales al cambiar de régimen impedirán en la práctica, la libre asociación sindical, la posibilidad de defender sus derechos laborales, y discrecionalidad en los procesos de ingreso y ascenso bajo la nueva estructura burocrática y no bajo una lógica de evaluación académica y criterios académicos (meritocracia).

Al día de hoy, los trabajadores del sector CyT, adscritos al apartado A, gozan de libertad de cátedra y de investigación, recientemente se han organizado en figuras sindicales con las cuales además de mejorar sus condiciones laborales, garantizan tranquilidad laboral y certeza, misma que perderían, porque se les consideraría trabajadores de confianza y quedarían sujetos a la decisión de un director que discrecionalmente y a capricho podría disponer de sus plazas, ya ni hablar de la libertad de cátedra y de investigación.

Finalmente, los cambios al SNI que pretende realizar el CONACYT, los cuales implicarán desaparecer la figura de candidato, para mantener solo los niveles I, II, III y Emérito, hoy en día según los resultados del 2020, el sistema se compone por un total de poco más de 33 mil miembros, de los cuales 8,727 corresponden al nivel de candidatos.

Además, el CONACYT ya anunció a las universidades privadas que suspenderá el pago del beneficio a los investigadores adscritos al Sistema, con lo cual, en lugar se estaría desincentivando los esfuerzos de miles de investigadores que utilizan en muchos de los casos, dichos recursos para financiar sus proyectos, para apoyar a sus estudiantes, comprar reactivos, entre otros usos, más allá del beneficio directo del interesado.

Otra realidad asociada a los investigadores adscritos al Sistema, es que 2,799 investigadores no están adscritos a ninguna institución y que dicho estímulo en algunos casos es su único ingreso. La decisión de modificar el Sistema tal como hoy opera, tendría graves implicaciones no solo para los investigadores adscritos y que desean crecer dentro del sistema, cómo una vía para mejorar sus ingresos y/o mejorar los proyectos en los cuales participan, a mayor nivel en el sistema, hay mayores posibilidades de participar en proyectos más grandes con mayor prestigio y con mayor impacto para la ciencia, la tecnología y la innovación y con ello para el bienestar de la sociedad en general.