La Paz, Baja California Sur.- Una auditoría al Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado de Baja California Sur (Icatebcs) reveló casi 120 irregularidades, como pagos de sueldos y de viáticos sin ser comprobados durante el 2016, lo que llevó a la Auditoría Superior del Estado a rechazar la cuenta pública de dicho año. 

Según el dictamen de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior en el Congreso del Estado, el Icatebcs entregó a destiempo las cuentas públicas de 11 de los 12 meses de 2016, mientras que la revisión de un 80% de los recursos gastados ese año reveló 119 irregularidades. 

El instituto no remitió documentación comprobatoria y justificativa de algunos gastos, no se expidieron cheques por gastos de más de 2 mil pesos, no se remitió oficio de comisión o documento que justifique el pago de viáticos, no hubo control en el gasto de combustible y algunos servicios y pagos se realizaron sin haber firmado un contrato. 


Además se detectó que no se recibieron recibos oficiales y autorización por concepto de pago de compensaciones, no se remitieron bitácoras de mantenimiento de equipo de transporte, no se remitieron conciliaciones bancarias de algunos meses, y se presentó documentación comprobatoria que no cumple los controles de verificación del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

El gobierno estatal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) aprobaron darle al Icatebcs un presupuesto en 2016 de 36.2 millones de los cuales gastó 24.6 millones, unos 11 millones menos de lo estimado. 

Más de 13 millones fueron para el pago de sueldos, 3.5 millones para materiales y suministros, 7.7 millones para servicios generales y 300 mil pesos para inmuebles, de acuerdo con la auditoría. 

De acuerdo con el proyecto de decreto, presentado en primera lectura ayer jueves, el Congreso del Estado pide que la Auditoría Superior del Estado proceda a realizar una estimación de daños y perjuicios y de ser el caso finque las responsabilidades previstas en la ley a los servidores públicos involucrados. 

Esto no exime ninguna responsabilidad administrativa, civil, penal, política o resarcitoria, ni cancela las investigaciones que se realicen a futuro, se agrega.