• ¿Es necesario que los medios de comunicación nacionales y estatales se unan para acabar con la impunidad y frenar las agresiones a los periodistas?

• Seis periodistas asesinados en el país en lo que va del año

• Se prepara en el Congreso del Estado propuesta de nueva ley local para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos

Tal parece que no queda otro camino a los diversos medios de comunicación, impresos, electrónicos y digitales de unificarse para que en una sola voz, se exija a las autoridades federales que se frenen las agresiones a los comunicadores que en lo que va del año en el país ya suman seis comunicadores asesinados.

No es posible que resulte más peligroso dedicarse a la actividad periodística en México que en países que sostienen guerras o verdaderas confrontaciones bélicas, pues garantizar la libertad de expresión y su ejercicio, es una de las garantías básicas que un país que se precia de ser democrático debe ofrecer. 

Así que las organizaciones periodísticas y diversos medios entre ellos, Tv azteca, radio fórmula y prácticamente todos los periódicos impresos más importantes del país, han publicado una carta a la opinión pública donde exigen al gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto que garantice que los trabajadores de los medios de comunicación puedan ejercer la libertad de expresión sin mayores problemas y por supuesto sin arriesgar la vida.

A pocos días de que se celebre en México el día de la Libertad de Expresión, el próximo siete de junio, vale la pena reflexionar en este tema que a querer o no se mezcla con un clima político electoral que este fin de semana se resolverá en diversas entidades del país, como el Estado de México donde el resultado será crucial porque sin lugar a dudas tendrá repercusiones directas en lo que serán las elecciones presidenciales de junio del 2018.

No es posible que la impunidad gane la batalla y que el ejercicio del periodismo nacional se encuentre literalmente sometido al temor de que te juegues la vida por ejercer esta actividad, sobre todo en temas que tienen que ver con la delincuencia organizada.

Hay llamados incluso de la comunidad periodística internacional, para que las autoridades mexicanas tomen cartas en el asunto y generen mayores garantías y condiciones para realizar la labor de comunicar, informar y opinar con el derecho universal de la libre expresión.

En Baja California Sur, por ejemplo, la próxima semana se expondrá en el Congreso del Estado una iniciativa de ley estatal que precisamente pretende darle más garantías a los comunicadores y a quienes son defensores de los derechos humanos por lo que se espera que por lo menos ya se cuente con el marco jurídico adecuado para enfrentar esta situación.

Aunque históricamente en esta entidad la labor de los comunicadores siempre ha sido respetada por las diversas autoridades encabezada por el propio ejecutivo estatal, no está por demás contar con un marco jurídico que se ajuste a las condiciones actuales que existen en la sociedad en general para el libre ejercicio periodístico en todos sus niveles.

El país requiere que las acciones para frenar la ola de asesinatos a periodistas que en los últimos 10 años suman alrededor de 123, de los cuales seis se han registrado en lo que va del 2017, pase de la simple expresión mediática a las acciones concretas y efectivas del gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. 

Nadie debe perder de vista que en este año el promedio de comunicadores asesinados es de más de uno por mes.

Veremos qué pasa al respecto.