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Aplanadora del PAN aprobó Ley de Asociaciones Público Privadas para BCS

jueves 09 junio 2016 | Por: Alan Flores Ramos | La Paz Aplanadora del PAN aprobó Ley de Asociaciones Público Privadas para BCS

• La oposición lamentó que el Congreso no tenga autonomía propia pues trabaja a voluntad del poder ejecutivo • Diputados de izquierda y PRI abandonan el recinto en protesta por presencia policial • Manifestantes ciud

• La oposición lamentó que el Congreso no tenga autonomía propia pues trabaja a voluntad del poder ejecutivo • Diputados de izquierda y PRI abandonan el recinto en protesta por presencia policial • Manifestantes ciudadanos entregaron 1800 firmas para exigir desecharla, sin éxito • Estas nuevas leyes buscarán traer el desarrollo BCS, pues los recursos siempre son insuficientes y por tanto se busca resolver las carencias en la entidad por medio del sector privado
La Paz, Baja California Sur.- En una sesión que se prolongó por seis horas, los diputados de la corriente democrática del Partido Acción Nacional (PAN) aprobaron la iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) presentada por el gobernador Carlos Mendoza Davis de manera “fast-track” después de permitirse descartar una segunda lectura “y todos sus trámites” para pasar directamente a la votación de la moción, misma que registró 15 votos a favor y uno en contra. Aplanadora del PAN aprobó Ley de Asociaciones Público Privadas para BCS El único voto negativo ante la iniciativa fue el del diputado presidente Joel Vargas Aguiar (PRI), quien permaneció en el recinto, su investidura no le permitió abandonar el recinto a pesar de que el bloque opositor abandonara la sala después de que elementos de la Policía Estatal hicieran acto de presencia para resguardar el recinto de un grupo de más de 100 manifestantes entre los que se encontraban representantes de partidos políticos, organizaciones ambientales, militantes de izquierda y los pescadores de Punta Lobos. Aplanadora del PAN aprobó Ley de Asociaciones Público Privadas para BCS Con la finalidad de generar certidumbre a la inversión privada y de establecer nuevos mecanismos de financiamiento para la obra pública la Ley de Asociaciones Público Privadas, será un instrumento legal que regulará las relaciones contractuales de largo plazo, para la prestación de servicios en entre instancias públicas estatales y municipales y la iniciativa privada. Aplanadora del PAN aprobó Ley de Asociaciones Público Privadas para BCS Momentos antes de que los panistas aprobaran eliminar la segunda lectura de la iniciativa, el priista condenó que el Poder Legislativo “no cuente con autonomía propia”, haciendo referencia a la influencia del Ejecutivo Estatal en la fracción blanquiazul, asegurando que no existe libertad de decisión para la corriente del partido en el poder y que no encontraba motivos suficientes para acelerar los trámites de la iniciativa y someterla a una votación inmediata a pesar de que los manifestantes exigieran una consulta ciudadana. “Nada más atropellante, nada más avasallante, nada más fuera del procedimiento legislativo […] el día de hoy por instrucciones directas y precisas del Palacio de Gobierno del estado, los diputados de Acción Nacional avasallan el proceso legislativo natural, es pisoteado, hay que demostrar la urgencia para poder autorizar la dispensa […] ninguno de ustedes va a poder demostrar la urgencia que establece el artículo 125 de la ley reglamentaria, yo no encuentro un motivo”, aseguró, a pesar de que posteriormente la misma fue aprobada por mayoría azul. El punto más álgido de la discusión se dio cuando el diputado Marco Antonio Almendáriz Puppo (PAN) procedió a iniciar con la primera exposición legislativa de la iniciativa a pesar de la manifestación, en donde los asistentes profirieron acusaciones duras contra el legislador y los demás diputados panistas, acusándolos directamente de “vender a su pueblo”, “traidores”, así como ser “representantes del gobernador y no del ciudadano”, interrumpiendo la lectura en reiteradas ocasiones, situación por la que los diputados el PAN exhortaron al presidente a ejercer su facultad para solicitar la intervención de la fuerza pública. Por su parte, la diputada Guadalupe Rojas Moreno (Morena) aseguró que los diputados de la oposición abandonaron el recinto tras considerar que los manifestantes no representaban un riesgo o una amenaza para los diputados o el personal del Congreso como para que el presidente solicitara la presencia de las fuerzas públicas de acuerdo al artículo 41 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de la entidad. “Nos salimos del recinto porque consideramos nosotros […] que en ningún momento estuvo esa situación para que ellos se aferraran a que estuviera la fuerza pública, si ellos prefieren quedarse con la fuerza pública a quedarse con sus compañeros […] es la gente a la que le están dando ahorita la espalda, mucha gente que votó por ellos […] la obligación de nosotros, de los diputados es velar por los intereses de nuestra gente, no de los empresarios del gobierno”, indicó para Diario El Independiente al abandonar el recinto legislativo. La legisladora relató que los diputados panistas literalmente “ignoraron” los señalamientos que se hicieron en diferentes mesas de trabajo para discutir esta iniciativa, la cual aseguró han revisado de manera “exhaustiva” y expusieron ante la fracción mayoritaria, artículo por artículo, las inconformidades al respecto de la redacción de la Ley APP y el riesgo de aprobar esta ley. “Hemos hecho un trabajo muy exhaustivo para revisar […] y hay muchísimas cosas ocultas, entrarán compañías transnacionales y poco a poco se irán apropiando de muchos de nuestros recursos, también estas personas las ganancias más grandes serán para ellos, por supuesto que nuestra gente no va a tener participación de esas ganancias, es una mentira eso y por otro lado también se ocultan endeudamientos por parte del gobierno del estado”, indicó la diputada. El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida anunció que entregó un mandato ciudadano con más de mil 800 firmas de electores exigiendo que los diputados rechazaran esta ley como representantes del pueblo, mismas que fueron ignoradas por los diputados al aprobar, en lo general y lo particular, sin modificaciones, todas las propuestas del ejecutivo estatal. Al anunciar este paquete de iniciativas, el gobernador Carlos Mendoza Davis prometió que la nueva ley convertirá a Baja California Sur en un “imán de inversiones”, ya que implica que el gobierno “sume esfuerzos” con el sector privado para resolver las necesidades de la entidad a través de un marco jurídico que brinde “certeza al inversionista”, y que asegure el correcto ejercicio del patrimonio público mediante un marco legal moderno y “referente nacional”, en caso de que el Congreso “decidiera aprobar” los nuevos lineamientos. • De qué trata esta LEY APP? Este paquete consiste en la iniciativa de reforma constitucional y paquete de 3 nuevas leyes para incentivar el crecimiento económico, las cuales consisten en: 1.-Ley de fomento económico que permita dar certeza a los inversionistas 2.- iniciativa de ley de reforma regulatoria que haga sencillo pero seguro el invertir en BCS 3.- Ley de Asociaciones Público Privada que permita multiplicar los recursos Cuando el Gobernador presentó estas iniciativas, dijo que estas nuevas leyes buscarán llevar el desarrollo a todo el estado, pues los recursos siempre son insuficientes y por tanto se busca resolver las carencias en la entidad por medio del sector privado. Los proyectos de asociación público privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermedios o al usuario final y en los que se utilice la infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el Estado”. El artículo en mención abunda y precisa: “En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociación público privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja frente a otras formas de financiamiento”. Destaca el dictamen que una característica importante de la APP implica la celebración de un contrato de prestación de servicios de largo plazo entre una dependencia o entidad pública y un inversionista o proveedor, es decir, el contrato de prestación de servicios de largo plazo lo absorbe la figura de la APP”. Subraya el documento que fue presentado al pleno que el sector público establece los parámetros y expectativas para la asociación, “y el sector privado debe atender las necesidades del primero. Si una APP no cumple con las expectativas contractuales, el sector público puede recuperar el control total del bien público”, advirtiendo que de ninguna manera es una privatización del patrimonio público o que en su caso se ponga en riesgo la propiedad de carácter pública. -LA OPOSICIÓN SE MANIFESTÓ- • Ley APP es una iniciativa que promueve la desigualdad social: Camilo Torres La razón fundamental por la que las fuerzas de oposición del Congreso del Estado se pronunciaran en contra de la iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas enviada por el gobernador Carlos Mendoza Davis y aprobada por 15 diputados panistas, es que ésta promueve una mayor desigualdad social al privilegiar a quienes cuenten con mayor capital sobre los derechos del ciudadano común, lo que resulta que el abismo entre los más ricos y los más pobres se vuelva aún mayor, de acuerdo a lo explicado por el diputado Camilo Torres Mejía (PT). “Ellos ponen en sus alegatos que en 27 estados ya aprobaron esta ley […] entonces en nuestro país tenemos un abismo entre los más ricos y los más pobres, es inmensa la distancia entre unos y otros, con estas leyes así ha caminado nuestro país […] otorgan poder también al estado, le dan toda la preferencia la capital y dejan a un lado a la ciudadanía […] estamos en desacuerdo que les den una privatización con respaldo del Estado”, indicó el diputado izquierdista. Por otra parte, criticó que para aprobar esta ley, los legisladores hayan optado por llamar a la fuerza pública, asegurando que ésta será la tónica de una administración “autoritaria”, toda vez que busca resolver las diferencias de opinión con intervenciones de la fuerza pública para lograr legitimar un gobierno “que no tiene el respaldo de la ciudadanía” mediante la criminalización de la protesta y la intimidación. Lo anterior fue expuesto asegurando que los diputados del bloque opositor a esta ley (PRI-PRD-Morena-PT) representan a una mayor cantidad de sudcalifornianos que los 16 diputados de Acción Nacional, exponiendo que los primeros acumularon más de 106 mil sufragios en el proceso en que fueron electos, mientras que los blanquiazules que ganaron 15 diputaciones con solamente obtener 103 mil, por lo que lamentó la falta de diálogo que permea en el Congreso del Estado entre las fuerzas políticas. “Nosotros representamos más votos que ellos, sin embargo ellos tienen 15 diputados y nosotros tenemos seis […] si mira, en lo legislativo ellos tienen la mayoría y no requieren ni un solo voto de nosotros, aunque representamos más ciudadanía de ellos entonces realmente lo que nosotros estamos solicitando y seguimos insistiendo que esto se vaya a consulta pública, y tengamos un foro en donde traigamos expertos en economía y […] ver realmente cuales son los alcances de esta ley”, explicó Camilo Torres. • Congreso del Estado inauguró una etapa negra para BCS: PRD El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Druk González, aseguró que la XIV Legislatura ha inaugurado una “etapa negra” para Baja California Sur después de que la fracción panista aprobara la Ley de Asociaciones Público Privadas enviada por el gobernador Carlos Mendoza Davis, resaltando el mal uso de las fuerzas policiacas para amedrentar a manifestantes ciudadanos en legítimo uso de sus derechos. “Con mucha tristeza puedo ver como el Congreso del Estado inaugura una etapa negra para Baja California Sur donde ante una petición de diálogo, una petición de escuchar planteamientos para ver ejemplos de la iniciativa en otros estados, cómo ha funcionado, bondades de la misma, para conseguir los mejores resultadas para Baja California Sur, toman la decisión de no escuchar y lo más lamentable, antes de la decisión, traer a la fuerza pública”, resaltó el presidente del sol azteca. Aseguró de manera irónica que el Gobierno “nunca actúa de manera tan pronta y expedita” como en el operativo de seguridad montado en el Congreso del Estado, ni siquiera para garantizar el bienestar de los ciudadanos, que siguen siendo blanco de una ola de inseguridad en diferentes zonas de la ciudad capital, por lo que lamentó el llamado que hicieran los diputados panistas a la Policía Estatal. “¿Para qué llaman a los policías?, para protegerse de algo que ni siquiera nos habíamos quejado, cuando en las colonias alrededor, el pueblo sufre de atracos, sufre de asaltos a mano armada, sufre de violaciones a sus derechos y hay una inseguridad completa y llaman a las fuerzas públicas destinadas a proteger al pueblo, en contra el pueblo por una opinión que estamos dando a favor de la consulta”, aseguró el Perredista. Finalmente dijo que todos los diputados deben representar a la ciudadanía y no al poder ejecutivo.

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