• La legislación establece también una Cédula Única Catastral y Registral y una plataforma tecnológica para vincular información entre Federación, estados y municipios.
La Paz, Baja
California Sur. - El Senado de la República aprobó la nueva Ley General para el
Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con la que se busca
establecer reglas comunes para modernizar, actualizar y conectar los catastros
y registros públicos de la propiedad de la Federación, estados y municipios.
El proyecto fue
aprobado en lo general con 69 votos a favor y 32 en contra. Durante la
discusión en lo particular, senadores del PAN y PRI presentaron propuestas para
modificar diversos artículos, pero fueron rechazadas por la asamblea. Los
artículos reservados fueron avalados en los términos del dictamen, con 66 votos
a favor y 28 en contra. El proyecto fue turnado al Ejecutivo Federal.
La nueva
legislación establece bases, principios, criterios y mecanismos de coordinación
entre los distintos órdenes de gobierno, además de crear un Plan Nacional
Catastral con directrices, prioridades y acciones para orientar el desarrollo,
fortalecimiento, modernización y coordinación de los sistemas catastrales en el
país.
Entre las nuevas
herramientas se encuentra la Clave Única Catastral, que permitirá identificar
los inmuebles, así como la Cédula Única Catastral y Registral, que concentrará
los elementos mínimos para identificar y ubicar un predio y vincular la
información catastral con la registral.
La ley también
establece la Plataforma Catastral Municipal, planteada como un mecanismo de
coordinación tecnológica entre la Federación, las entidades federativas y los
municipios para fortalecer y modernizar la cartografía.
Durante la
discusión, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez
Martínez, afirmó que la legislación busca dar mayor seguridad jurídica sobre
las propiedades y contar con información más confiable sobre los propietarios
de los inmuebles, sus características y su situación registral.
Valdez Martínez
sostuvo que la propuesta también busca impulsar la transparencia inmobiliaria y
la modernización digital, sin afectar la autonomía municipal ni centralizar la
recaudación del impuesto predial, que permanecerá a cargo de los municipios.
El presidente de
la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara,
señaló que la legislación establece bases comunes para que las autoridades
catastrales y registrales intercambien información, detecten inconsistencias y
faciliten su corrección conforme a la ley.
Afirmó que la
reforma permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y que
la tecnología facilite el ejercicio de derechos y mejore los servicios
públicos.
Oposición advierte sobre costos y
autonomía municipal
En la sesión,
integrantes del grupo parlamentario del PAN colocaron pancartas en el salón de
sesiones con la leyenda “No al predialazo”, para expresar su rechazo a la
inciativa.
Por su parte, el
senador panista Miguel Márquez Márquez planteó que la modernización no debe
limitarse a agilizar los trámites, sino que debe garantizar la protección de la
información y evitar su manipulación indebida.
“Modernizar no
sólo es digitalizar, también es proteger derechos, dar certeza y garantizar que
la tecnología funcione en beneficio de las personas”, afirmó.
En tanto, el
senador priista Gabriel Elizondo Pérez advirtió que la modernización de los
trámites no debe utilizarse para centralizar decisiones en la Federación.
El legislador
señaló que el ordenamiento podría afectar atribuciones de las autoridades
municipales reconocidas por la Constitución y sostuvo que los ayuntamientos
necesitarían recursos adicionales para asumir nuevas responsabilidades
relacionadas con digitalización y capacitación.
Mientras que el
senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, también expresó reservas
sobre el impacto de la reforma en los municipios. Advirtió que la nueva
legislación podría convertirse en “una carga” para los gobiernos municipales si
no cuentan con tiempo suficiente para capacitar al personal de catastro,
revisar la documentación existente y adaptar sus sistemas para reducir errores.
Cogregó que la
modernización de los sistemas catastrales podría representar un mayor costo
económico para las familias.