La Paz, Baja California Sur.- A más de un mes de reuniones, mesas de trabajo y encuentros entre el Congreso de Baja California Sur (BCS) autoridades federales, estatales y municipales, así como organizaciones de la sociedad civil, el caso de la Sierra de la Laguna continúa sin acuerdos definitivos. 

Aunque se ha establecido diálogo entre las partes y seguimiento institucional, no hay fecha para el retiro de los materiales colocados en la zona núcleo ni resoluciones firmes sobre sanciones o responsabilidades ambientales, pese al riesgo que representa el inicio de la temporada de lluvias.

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El diputado Eric Agundez Cervantes, presidente de la Comisión Especial Plural para la Protección de los Recursos Naturales de Baja California Sur de la XVII Legislatura, informó que el Congreso funcionó como enlace entre sociedad civil y autoridades de los tres niveles de gobierno tras la solicitud presentada por la organización Rescate de los Pueblos, sus Tradiciones y Economía.

Detalló que el proceso se originó el 14 de junio con la petición formal para la intervención de autoridades federales, estatales y municipales, lo que derivó en una serie de mesas de trabajo realizadas los días 20 de mayo, 3 y 15 de junio de 2026.

“Se decidió turnar la petición a esta comisión especial, quien en conjunto con la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y la Mesa Directiva iniciaron mesas de trabajo para dar cumplimiento a la solicitud”, expuso durante la conferencia.

El legislador afirmó que, aunque no hay soluciones, el objetivo ha sido atender una preocupación social y ambiental sobre la Sierra de la Laguna, considerada un área estratégica para la conservación del agua y el desarrollo sustentable del estado.

·        Plantean reforma legal y critica modelo de áreas naturales protegidas

El presidente de la asociación rescate de los pueblos originarios y su economía, Guillermo Trasviña señaló que el movimiento no solo busca atender el caso de la Sierra de la Laguna, sino impulsar cambios estructurales en el marco legal ambiental.

Indicó que una de las principales demandas es la modificación del artículo 67 de la legislación federal relacionada con la administración de áreas naturales protegidas.

“Ese artículo faculta a los extranjeros, ONG, administrar nuestras bellezas naturales”, afirmó, al advertir que el actual modelo permite esquemas de administración compartida que, desde su perspectiva, afectan la soberanía sobre el territorio.

Trasviña también cuestionó el modelo de coadministración de las áreas naturales protegidas, al señalar que “lacera y lastima” a las comunidades locales, por lo que insistió en la necesidad de reformarlo para garantizar la permanencia de los pueblos originarios y rurales en sus territorios.

·        Urgen retiro de materiales ante riesgo por lluvias en Sierra de la Laguna

Fidel Trasviña,secretario general de la Unión General Obrero Campesina y Popular (UGOCP) advirtió sobre la presencia de materiales de construcción en la zona núcleo de la Sierra de la Laguna, situación que, dijo, representa un riesgo ambiental ante la temporada de lluvias.

Durante su intervención, señaló la magnitud del material depositado en el área “Deben haber alrededor de 50 y tantas vigas de acero ya instaladas allí al menos en la Sierra de la Laguna”, además de mencionar la posible existencia de cemento y otros insumos de construcción.

El representante advirtió que este escenario puede generar afectaciones al ecosistema en caso de lluvias intensas, por lo que llamó a que las autoridades competentes actúen con urgencia para ordenar el retiro del material y evitar daños mayores en la zona protegida.

·        Sin fecha para retiro de materiales en Sierra de la Laguna

El presidente de la Mesa Directiva, Martín Escogido Flores, precisó que hasta el momento no existe una fecha definida para el retiro de los materiales colocados en la Sierra de la Laguna.

Explicó que, aunque la fundación Hermandad en Armonía ha manifestado su disposición para retirarlos “de buena fe”, el procedimiento no puede realizarse de manera unilateral, sino que debe estar sujeto a la intervención de las autoridades competentes.

En ese sentido, subrayó que el objetivo es que el proceso se lleve conforme a derecho y bajo supervisión institucional “El tema es que se cubriera como dicen la escena de delito y que las autoridades competentes intervinieran para que levantaran lo procedente para hacer el trabajo” explicó.

Agregó además que el Congreso mantiene el seguimiento del caso y que se está exhortando a las autoridades para acelerar las acciones derivadas de las denuncias.

“Estamos exhortando para que las autoridades competentes actúen con la celeridad que merece el tema, precisamente por el tema de las lluvias”, concluyó.