La Paz, Baja California Sur.- Las manifestaciones de transportistas de Los Cabos, quienes bloquearon vialidades en La Paz e irrumpieron en el Congreso del Estado tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), colocaron al Gobierno de Baja California Sur (BCS) en el centro de las críticas. Sin embargo, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío rechazó que la resolución represente una traición a los concesionarios o una decisión política de su administración.

El mandatario sostuvo que la sentencia emitida por el máximo tribunal del país responde exclusivamente a un criterio constitucional derivado de la controversia promovida por el Gobierno Federal, mediante la cual se determinó que la regulación del autotransporte turístico con permisos federales corresponde únicamente a la Federación.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno estatal actuó conforme a sus atribuciones cuando impulsó la reforma a la Ley de Transporte para regular la temporalidad de los convenios celebrados por las empresas transportadoras, aunque finalmente la Suprema Corte concluyó que esa materia rebasa las competencias estatales.

"No nos dieron la razón porque legislamos sobre una materia de carácter federal y eso hay que entenderlo. Para mí hubiera sido muy bueno que se mantuviera la reforma, pero se habría generado una serie de amparos en otras entidades. La Corte tiene la obligación de cuidar el equilibrio de las facultades que le otorga la ley. La Cuarta Transformación no tiene nada que ver con estas decisiones, que son jurídicamente normales en cualquier democracia."

Castro Cosío insistió en que el fallo no debe interpretarse como un abandono al gremio transportista, sino como una resolución que el Gobierno estatal está obligado a respetar.

·        Reconoce el derecho de los transportistas a manifestarse

El gobernador aseguró comprender la inconformidad expresada por los taxistas y concesionarios, quienes durante las protestas exigieron acciones para frenar lo que consideran una competencia desleal por parte de las empresas con permisos federales.

Señaló que las movilizaciones forman parte del derecho a la libre manifestación y reconoció que las demandas del sector tienen como objetivo obtener condiciones de competencia más equitativas frente a las grandes transportadoras que operan principalmente en Los Cabos.

Indicó que el Gobierno del Estado mantendrá el diálogo con los representantes del gremio para construir alternativas que permitan atender sus planteamientos sin contravenir la resolución emitida por la Suprema Corte.

·        Un conflicto que lleva décadas sin resolverse

Castro Cosío recordó que la disputa entre taxistas y empresas de transporte federal no surgió con la reciente reforma, sino que es un problema histórico que se ha intensificado conforme ha crecido la actividad turística en Los Cabos.

Explicó que las empresas con permisos federales pueden obtener autorizaciones con requisitos mínimos, situación que, dijo, genera una competencia desigual para los concesionarios estatales.

Además, señaló que el problema se agrava porque muchos servicios de transporte son contratados desde el extranjero antes de la llegada de los visitantes, mientras algunos hoteles privilegian a determinadas empresas transportadoras. A ello, añadió, se suma el crecimiento del transporte irregular o "pirata", fenómeno que también afecta a quienes cuentan con una concesión estatal.

·        Buscarán cambios en la legislación federal

Aunque dejó claro que la administración estatal acatará la resolución de la Suprema Corte, Castro Cosío afirmó que ello no significa que el Gobierno renuncie a buscar mecanismos para proteger a los transportistas sudcalifornianos.

Informó que continuará el diálogo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y con la Secretaría de Gobernación para explorar alternativas jurídicas que permitan atender el conflicto.

Asimismo, convocó a diputadas, diputados, senadoras y senadores a impulsar una reforma a la legislación federal en materia de transporte que devuelva a las entidades mayores facultades para intervenir en este tipo de controversias y conciliar los intereses entre concesionarios locales y empresas con permisos federales.

Con ello, dijo, se buscaría establecer un marco legal que permita a los estados responder a conflictos que, como ocurre en Los Cabos, han permanecido sin solución durante décadas y que se han convertido en uno de los principales puntos de tensión entre el sector transportista y la industria turística.