La Paz, Baja California Sur.- La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental informó que amplió la investigación patrimonial que mantiene contra Juan Ignacio Rivas González, exdirector de Informática de la Secretaría de Finanzas y Administración, al solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre los movimientos financieros correspondientes a 2025 y parte de 2026.

La contralora estatal, Rosa Cristina Buendía, explicó que el procedimiento administrativo inició hace poco más de un año y continúa en curso, por lo que aún no puede darse por concluido.

"Se encuentra aún por obtener una información financiera también de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque hicimos una ampliación para que ahora nos informe sobre el año 2025 y parte del año 2026. Estamos en espera de esa información", indicó.

Precisó que la investigación comenzó de oficio, sin que existiera una denuncia previa, luego de detectarse posibles omisiones e inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del exfuncionario relacionadas con cuentas bancarias, inversiones, vehículos y otros bienes.

·        Detectaron inconsistencias en patrimonio declarado

Como parte de las indagatorias, la Contraloría revisó inicialmente el periodo comprendido entre septiembre de 2021 y diciembre de 2024.

De acuerdo con la funcionaria, Rivas González declaró ingresos acumulados por 7 millones 817 mil pesos, provenientes de remuneraciones públicas, servicios profesionales y otras actividades privadas; sin embargo, la información obtenida mediante la CNBV reveló operaciones financieras por montos considerablemente superiores.

Asimismo, la dependencia identificó seis cuentas bancarias y adquisiciones de vehículos con un valor acumulado cercano a 10 millones de pesos, elementos que forman parte del expediente administrativo.

·        Denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía

Aunque la investigación administrativa permanece abierta, la Contraloría informó que, ante la relevancia de los hallazgos, el pasado 17 de abril presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por hechos que podrían constituir el delito de enriquecimiento ilícito.

"No ha concluido. Sin embargo, ante la relevancia de estos hallazgos y la necesidad de que el Ministerio Público pudiera realizar oportunamente los actos de investigación y, en su caso, solicitar las medidas necesarias para preservar o asegurar los recursos y bienes relacionados, presentamos la denuncia", explicó Buendía.

La contralora subrayó que el procedimiento no deriva de un presunto desvío de recursos públicos, sino de las inconsistencias detectadas entre el patrimonio reportado por Juan Ignacio Rivas González y la información financiera obtenida durante la investigación.

Además, recordó que el caso también fue turnado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que, dentro de sus respectivas atribuciones, analicen los movimientos financieros detectados y determinen las acciones que correspondan.