La Paz, Baja California Sur. - Por unanimidad, el Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS) aprobó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta al Poder Ejecutivo Estatal, a la Secretaría de Turismo del Estado y al Ayuntamiento de Los Cabos a emprender acciones inmediatas para fortalecer la regulación, inspección y vigilancia del servicio de transporte público de pasajeros en ese municipio.

La propuesta fue presentada de manera conjunta por diputadas y diputados integrantes de la XVII Legislatura, en atención a la solicitud de representantes de diversas agrupaciones de taxistas de Los Cabos, quienes expusieron la necesidad de atender de manera urgente la operación irregular del transporte de pasajeros y fortalecer el cumplimiento del marco jurídico vigente.

Como parte del acuerdo aprobado, el Congreso exhorta al Gobernador del Estado y a la Secretaría de Turismo para que gestionen y formalicen una mesa de diálogo y coordinación con las autoridades federales competentes en materia de transporte, con el propósito de analizar y atender de manera integral esta problemática.

Entre los temas que deberán abordarse destacan el fortalecimiento del marco regulatorio, la delimitación de competencias entre el transporte público concesionado por el Estado y el autotransporte turístico federal, el fortalecimiento institucional, la implementación de mecanismos permanentes de inspección, el combate a la prestación irregular del servicio y la protección efectiva de las personas usuarias.

Asimismo, el punto de acuerdo solicita al titular del Poder Ejecutivo reforzar de manera emergente la capacidad operativa del cuerpo de inspectores estatales de transporte en el municipio de Los Cabos, mediante la ampliación de personal, recursos y facultades para realizar tareas de verificación, vigilancia, control operativo y aplicación de las disposiciones legales correspondientes.

De igual forma, se exhorta al Ayuntamiento de Los Cabos a fortalecer las atribuciones de su Dirección Municipal de Transporte para mejorar las labores de inspección, verificación y coordinación institucional, con el objetivo de identificar unidades que operen sin concesión o permiso, implementar operativos permanentes y coadyuvar en la aplicación de las medidas administrativas necesarias para garantizar la legalidad en la prestación del servicio.