La Paz, Baja California Sur. - Con el propósito de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado ejercicio de los recursos públicos, la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS) aprobó reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, a fin de evitar el uso indiscriminado de los procedimientos de excepción a la licitación pública por parte de las entidades fiscalizables.

Es preciso señalar que la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos (encargada del dictamen), al analizar el contenido y alcance de la iniciativa de referencia, determinó procedente dictaminarla en sentido positivo, proponiendo ajustes al proyecto de decreto para brindar mayor certeza jurídica en su aplicación.

Como parte del proceso legislativo, la Comisión solicitó la opinión técnica y jurídica de la Auditoría Superior del Estado; en respuesta, el Director General de Asuntos Jurídicos de la institución, Miguel Ángel Luna Salaices, manifestó la conformidad de la Auditoría Superior del Estado con el contenido de la iniciativa.

La comisión dictaminadora consideró pertinente fortalecer el objeto de la norma para proteger el erario público y garantizar que el gasto se ejerza de manera eficiente, permitiendo ofrecer mejores bienes y servicios a la ciudadanía en apego a términos reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incorporando las definiciones de manera clara y precisa de los conceptos de “caso fortuito” y “fuerza mayor”.

Se destacó que esta reforma atiende una recomendación formulada por la Auditoría Superior del Estado en su Informe Anual 2023. En dicho documento, el órgano fiscalizador recomendó al Congreso del Estado legislar para definir expresamente, a nivel de ley, los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor.

Es preciso recordar que la promovente, la diputada Karina Olivas Parra, señaló en su propuesta que las licitaciones públicas son cruciales para asegurar la transparencia, competencia justa y eficiencia en la contratación de bienes y servicios por parte del gobierno.