La Paz, Baja California Sur. - El diputado de Morena Venustiano Pérez Sánchez presentó ante el pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS) una iniciativa que propone reformar y adicionar el Código Penal del Estado, las leyes de hacienda municipales y la Ley de Tránsito Terrestre del Estado y Municipios, para proteger el patrimonio de las personas víctimas de robo de vehículo, siniestros de tránsito y cobros derivados del arrastre, maniobra y resguardo en corralones.

Propuso que, tratándose de vehículos robados y recuperados, las víctimas sean exentadas del pago de infracciones, derechos de arrastre, almacenaje y maniobras generadas con motivo del robo, siempre que acrediten la denuncia formal presentada dentro de las primeras 72 horas, la liberación del vehículo y la baja del registro nacional de vehículos robados.

El legislador sostuvo que el propietario, quien ya sufrió la pérdida de su patrimonio, no debe enfrentar una segunda afectación económica para recuperar su unidad.

Plantea que, en hechos de tránsito sin víctimas fatales ni lesiones que pongan en riesgo la vida, una vez realizado el peritaje oficial por la procuraduría, los vehículos puedan quedar bajo custodia de sus propietarios, sin necesidad de permanecer en depósito vehicular durante todo el proceso de investigación y, además, establece que las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares tengan derecho al arrastre, salvamento y depósito de sus vehículos sin costo.

Otro de los planteamientos centrales busca impedir que los ayuntamientos depositen vehículos en corralones como garantía de pago por infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, reglamentos de tránsito u otras disposiciones administrativas. En su lugar, se propone que las multas se ejecuten mediante los procedimientos administrativos correspondientes, evitando que los automóviles terminen abandonados, deteriorados o convertidos en una carga económica para las familias.

En modificaciones a la Ley de Tránsito Terrestre para regular los accidentes menores, refiere que, cuando solo existan daños materiales o estéticos, las partes puedan retirar sus vehículos de la vía pública después de tomar fotografías o videos y llegar a un acuerdo, siempre que cuenten con seguro vigente, las unidades puedan circular y no existan indicios de consumo de alcohol o estupefacientes.

Finalmente, señaló el diputado Pérez Sánchez que se busca avanzar hacia un modelo que garantice mayor seguridad jurídica, evite la revictimización y proteja el patrimonio de las y los sudcalifornianos frente a cobros que, en muchos casos, resultan injustos o desproporcionados. La propuesta fue turnada por la Mesa Directiva a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Comunicaciones y Transportes y de Asuntos Fiscales y Administrativos, para su análisis y dictaminación.