La Paz, Baja California Sur.- El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) endureció sus señalamientos contra autoridades ambientales y gobiernos locales al asegurar que, pese a las clausuras, inspecciones y reconocimientos públicos sobre actividades irregulares en la Sierra La Laguna, persiste la falta de transparencia y no se han presentado denuncias penales relacionadas con los hechos denunciados desde marzo.

En un comunicado emitido tras una mesa de trabajo con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gobierno del Estado y ayuntamientos de La Paz y Los Cabos, el Frente sostuvo que las autoridades continúan sin informar quién es propietario del helicóptero utilizado para trasladar materiales a zonas altas de la Sierra ni quién contrató los vuelos.

El posicionamiento ocurre luego de semanas de denuncias ciudadanas por sobrevuelos, presunto traslado de vigas, combustible, cemento y otros materiales hacia áreas serranas vinculadas con proyectos denunciados en las inmediaciones de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.

En semanas recientes, el caso escaló políticamente y derivó en movilizaciones ciudadanas, una marcha al Palacio de Gobierno y diversas exigencias a las dependencias ambientales.

También motivó inspecciones federales y municipales en predios como San Miguelito y El Romerillal, este último señalado como posible punto de salida de materiales hacia la parte alta de la Sierra.

De acuerdo con el Freciudav, durante la reunión celebrada el pasado 21 de mayo las autoridades reconocieron la existencia de actividades ilegales, aunque el Frente sostuvo que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes.

“El reclamo de falta de transparencia y dilación permanece”, indicó la organización.

El Frente aseguró que la Semarnat no ha entregado expedientes solicitados desde hace más de dos meses relacionados con trámites o solicitudes de proyectos en la Sierra La Laguna y zonas colindantes. Además, señaló que Profepa solamente habría atendido una de las denuncias relacionadas con los hechos denunciados en la Sierra.

En el documento, el área jurídica del Freciudav advirtió que las autoridades podrían incurrir en responsabilidades administrativas por no denunciar penalmente hechos que, a consideración de la organización, presentan apariencia de delito ambiental.

El comunicado también hace un recuento de actuaciones oficiales realizadas en mayo.

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que el 11 de mayo inició un procedimiento administrativo en el predio San Miguelito, propiedad vinculada a Hermandad en Armonía A.C., donde se ejecutó una clausura por presuntos trabajos sin autorización de uso de suelo ni licencia de construcción.

Posteriormente, el 12 de mayo, autoridades municipales reportaron otro procedimiento en El Romerillal, donde detectaron rastros de obra y colocaron sellos de clausura. El 15 de mayo, el municipio informó la presentación de dos denuncias ante Profepa por estos hechos.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Paz informó que el 18 de mayo efectuó acordonamiento y suspensión de materiales localizados en la Sierra.

El documento difundido por el Frente asegura que, hasta el 21 de mayo, ni Semarnat, Conanp, Conagua ni el Gobierno del Estado habían promovido denuncias penales relacionadas con los hechos denunciados.

La organización sostuvo que, aunque la ciudadanía ha documentado rutas, puntos de traslado y movimiento de materiales, las autoridades siguen sin informar quién está detrás de las operaciones señaladas.

En este contexto, el Freciudav reiteró su exigencia de “transparencia, veracidad y prontitud” en las solicitudes de información y pidió que las instituciones actúen “diligentemente en protección de la Sierra La Laguna”.

La agrupación adelantó que se programó una segunda mesa de trabajo para revisar avances en procedimientos administrativos, denuncias ante Profepa y posibles denuncias penales.

La controversia en torno a Sierra La Laguna se ha mantenido como uno de los principales conflictos ambientales y políticos de Baja California Sur durante las últimas semanas, particularmente tras los señalamientos ciudadanos sobre presuntos proyectos vinculados con desarrollos turísticos y las exigencias para proteger una de las principales zonas de recarga hídrica del estado.