Haciendo eco a los principios rectores de la Cuarta Transformación, respecto a "no robar, no mentir y no traicionar al pueblo" que son parte del proyecto político y social que rige al gobierno de México, y tomando en cuenta que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, ni tampoco deuda que no se pague, es un hecho que les llegará el momento.

Así es.

Y con la entrega de hoy hago referencia a una parejita de bandidos que, al menos por el momento, solo están en la picota de la vinculación a proceso.

Es decir, dicho más directo, con un pie dentro y otro fuera del reclusorio.

El primero, el exalcalde de La Paz Rubén “N”, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos, también referida como coalición contra el pueblo de La Paz.

La segunda, Fernanda “N”, presuntamente por diversos delitos como lavado de dinero y presunto desvío de recursos públicos, cuyas investigaciones señalan el supuesto desvío de recursos para operaciones políticas.

Entonces, qué bien que ninguna autoridad deje de procurar el cumplimiento de las leyes, pues de acuerdo a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, aplicando esos valores mencionados con ello se busca erradicar la corrupción y el servicio a intereses privados, por un lado.

Por el otro, se dice que la premisa central de este código ético es que el poder únicamente tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de la ciudadanía, exigiendo así a los servidores públicos honestidad, austeridad y congruencia.

Respecto al primero de los imputados, y como se ha informado, el fiscal especializado en el combate a la corrupción Lenin Emiliano Ortiz Amao, confirmó que en el caso del exalcalde y unos exregidores del XVI Ayuntamiento de La Paz el delito se debe a que 2021, en sesión de Cabildo, se otorgó ilegalmente un permiso de cambio de uso de suelo a favor de “Misión Punta Norte”.

En cuanto a la segunda, el mismo fiscal especializado en Combate a la Corrupción, precisó que el juez determinó vincular a proceso a la extitular del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, Fernanda “N” por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al existir elementos suficientes que acreditan su probable participación en el manejo irregular de recursos públicos.

Por cierto, se dice que como resultado de la intervención de la autoridad y de la resolución judicial, la exfuncionaria del INVI está obligada a cumplir diversas medidas cautelares.

Entre tales medidas se habla de la firma periódica ante la autoridad, la que podría ser de manera semanal.

Dentro del mismo tema, de igual manera se hace presente la prohibición de salir del país sin autorización, además de la restricción de acercarse al INVI o en su caso a personas relacionadas con la investigación.

Lo único que marca una pequeña diferencia es que, en el primero de los casos, es decir el de Rubén “N”, se comenta que pudiera no ser delito grave, por lo cual solamente podría alcanzar una prisión de los 3 hasta los 13 años de cárcel, además de multas económicas.

Sin embargo en el caso de la segunda, Fernanda “N”, la pena podría ser de. pena de 5 a 15 años.

No es para menos en este último caso ya que:

1. - Que el Lavado de Dinero, que nunca se había dado aquí, es considerado como Delito Grave.

2. Que el esquema investigado no es cualquier cosa, sino que el posible daño patrimonial es cercano a los 54 millones de pesos, aun cuando de acuerdo a la Fiscalía, el monto directamente relacionado con la imputación asciende a más de 700,000 pesos.

Vale anexar que en cuanto al Instituto de Vivienda, se confirma oficialmente que han sido vinculadas a proceso al menos otros seis personajes.

Y se agrega que algunos personajes ya tienen prisión preventiva, confirmándose que no se descarta la investigación de otras personas, lo mismo que los análisis financieros de varias cuentas bancarias.

De la misma manera la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que existen diversos bienes asegurados mismo que podrían servir para la reparación del daño, una vez que se alcance la firmeza en las sentencias por parte de los tribunales.

En síntesis, vale recordar que en el caso del INVI, en su momento fue sentenciada a 3 años de prisión la extitular del mismo, Rosalva “N”, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

Esto fue, según se informó, por autoliquidarse poco más de un millón y medio de pesos, razón por la cual se determinó que no podía acceder a condenas condicionales, sumado al pago de la reparación del daño.

Luego entonces, ya existe un buen precedente para que esos bandidos y bandidas cuando vean las barbas de su vecino cortar, pongan las suyas a remojar.

Cuestión de tiempo.