La Paz, Baja California Sur.- Entre denuncias de amenazas, exigencias de expropiación y cuestionamientos a autoridades ambientales, activistas, rancheros y diputados sostuvieron una reunión de trabajo en el Congreso de Baja California Sur para abordar la situación de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.

En el encuentro se tomaron acuerdos para impulsar mesas de trabajo con autoridades estatales y federales, analizar posibles denuncias penales y revisar reformas ambientales desde el ámbito legislativo para “blindar” este espacio natural.

El diputado Martín Escogido Flores (Nueva Alianza), presidente del Congreso, aclaró que sí pueden convocar a autoridades estatales, aunque reconoció limitaciones legales para obligar a comparecer a dependencias federales.

“Con los órganos federales no los podemos llamar como una obligación del Congreso local; lo que sí podemos hacer es una invitación formal”, señaló.

Por su parte, el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes aseguró que todos los asuntos ambientales han sido respaldados “por unanimidad” en el Congreso y defendió la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Baja California Sur ante cuestionamientos por presuntos vínculos con el exdirigente nacional, Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde”.

“Yo soy sudcaliforniano. Represento a la ecología y el medio ambiente. Nosotros nos deslindamos de ese tipo de actividades. No es parte de nuestra agenda. Después de 20 años de que no existiera un legislador verde en el Congreso, venimos a trabajar y a comprometernos”, expresó Erick Agúndez.

Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando Elizabeth Álvarez Rosas, activista ranchera de San Dionisio, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de familiares por difundir información relacionada con sobrevuelos de helicópteros y defensa ambiental.

“Dígale que le baje a las redes sociales (…) porque si no le vamos a dar cuello”, relató entre lágrimas durante la reunión.

La activista responsabilizó políticamente al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, en caso de sufrir alguna agresión, ya que insiste el Segundo Valle, donde fueron encontrados los materiales de construcción, pertenecen a ese municipio.

Aseguró que continúan materiales en la Sierra, entre ellos estructuras metálicas, cemento, vigas y combustible. “Ya estaban listos para operar”, denunció.

Durante la reunión, integrantes de Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía, acusaron que algunas personas que se presentan como representantes de rancheros operan políticamente para favorecer proyectos vinculados a “El Niño Verde”.

Javier Ávila afirmó que es el caso de Guadalupe Crespo, quien reconoció públicamente haberse reunido con Jorge Emilio González Martínez, aunque luego declaró haber sido engañado y utilizado por la asociación Hermandad en Armonía. “Ellos no representan a las rancherías”, sostuvo.

Guillermo Trasviña advirtió sobre riesgos de megaproyectos turísticos y mineros en la zona, además de los riesgos por litigios relacionados con terrenos dentro de la reserva. “La Sierra La Laguna representa el tinaco de agua del sur del estado”, afirmó.

La diputada Guadalupe Saldaña del Partido Acción Nacional (PAN) propuso revisar la posibilidad de que el Congreso presente denuncias formales. “Yo sí estaría dispuesta a comprometernos con ellos, a nosotros poner la denuncia”, expresó.

También planteó analizar reformas legales relacionadas con la protección ambiental.

La diputada Karina Olivas Parra del Partido del Trabajo (PT) reconoció que dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no han respondido a solicitudes realizadas desde el Congreso del Estado.

“Ahí podemos tomar decisiones”, expresó al proponer que diputados y ciudadanos acudan directamente a las dependencias en caso de no obtener respuesta.

En ese contexto, uno de los activistas señaló que la falta de respuesta institucional “quiere decir que el Congreso está debilitado políticamente”.

“Mientras nosotros hacemos todo por la vía institucional, otros ganan tiempo llevando materiales allá arriba”, recalcó Karina Olivas Parra.

Al cierre, diputados y activistas elaboraron minuta y establecieron nuevas reuniones y comparecencias con autoridades ambientales y municipales.